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Mantienen la petición de 9 años de inhabilitación para el alcalde de Íllora
La Fiscalía ha mantenido hoy la petición de nueve años de inhabilitación en el desempeño de cargo público para el alcalde de Íllora, el socialista Francisco Domene, acusado junto a otros cuatro concejales de un delito de prevaricación por la adjudicación de medios públicos.
El Juzgado de lo Penal 1 de Granada ha celebrado hoy el juicio contra Domene y otros cuatro concejales del Ayuntamiento en 2008, los cinco acusados de un delito de prevaricación por adjudicar la gestión de los medios de comunicación locales sin publicidad y sin concurrencia pública.
La Fiscalía ha mantenido la petición de 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, que la acusación particular eleva a 10, por un delito del que todos se han declarado inocentes.
Los hechos tuvieron lugar el 18 de febrero de 2008 cuando Parapanda Comunicación S.L., una empresa pública municipal, adjudicó la gestión de la radio local y de un periódico a la empresa Silvania Producciones S.L. con el voto a favor de los cinco imputados.
El alcalde de Íllora ha subrayado que los asesores explicaron que al tratarse de una sociedad mercantil no era necesario publicar el procedimiento en ningún boletín, la concurrencia pública o el diseño de un pliego de condiciones, pese a lo que contactaron con todas las empresas de comunicación de la comarca para buscar un proyecto adecuado para el municipio.
“Se buscaba a personas expertas y se eligió a la adjudicataria porque fue la única que presentó un proyecto y tenía gente dedicada y con experiencia”, ha subrayado Domene tras reiterar que los asesores jurídicos aseguraron que el procedimiento era legal.
El alcalde ha apuntado además que no hubo ningún informe contrario al trámite, que el secretario del Ayuntamiento no advirtió de errores y que “en ningún momento me dijeron que se incumplía alguna ley o que había alguna irregularidad”.
La concejal imputada y responsable de contactar con las empresas Victoria F.P. ha detallado que votó por la empresa adjudicataria porque fue la única que presentó un proyecto y ha reiterado que los asesores del Ayuntamiento no apuntaron ninguna irregularidad.
Los tres imputados restantes han declarado sentirse “engañados” y han apuntado que aunque se presentó por registro de entrada un segundo proyecto para llevar los medios, se votó al adjudicatario porque fue el “único que entró en plazo” y porque el alcalde dijo que sería desleal y una posible prevaricación no atender los plazos.
El denunciante ha reprochado que el adjudicatario, ahora personal de confianza del alcalde, se haya convertido en “el consejero estrella, el que manda ahora en el Ayuntamiento” y ha asegurado que advirtió de las irregulares en el proceso que se han juzgado hoy.
El asesor jurídico del alcalde ha asegurado que no se hizo pliego de condiciones porque se entendió que el procedimiento acometido era el correcto en un juicio que ha quedado visto para sentencia.
