Carmen Bajo y Carlos Cano, los dos miembros del 15M condenados a tres años y un día de cárcel por su participación en un piquete informativo de Granada durante una huelga en el 2012, han presentado hoy un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC). Ambos entienden vulnerados sus derechos fundamentales durante la tramitación del procedimiento judicial y en especial durante el momento de dictarse la sentencia. En el recurso, según informa el 15M en un comunicado, reclaman medidas cautelares que suspendan su entrada en prisión hasta que se resuelva este trámite.
Carmen y Carlos están acusados de un delito contra el derecho de los trabajadores por su participación en un piquete informativo durante la huelga general de marzo del 2012 en Granada, por el que fueron condenados a tres años y un día de prisión.
La sentencia fue dictada por el Juzgado de lo Penal 1 de Granada y ratificada posteriormente, convirtiéndose en firme, por la Audiencia Provincial.
Una vez agotada la vía judicial, Carmen y Carlos han decidido interponer el recurso de amparo en plazo ante el TC.
Entre los argumentos que plantean en el recurso, aluden a la lesión del derecho fundamental a la huelga de los condenados.
Carmen espera que haya respuesta antes del 31 de julio que es la fecha en la que tendría que ingresar en prisión.
Escucha a la demandante:
Consideran “errónea” la ponderación de los derechos fundamentales en juego durante el proceso (derecho a la huelga frente a derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen) y resaltan la “desproporción” del tipo penal utilizado (artículo 315.3 del código) en la interpretación de los hechos por parte de los magistrados.
Recuerdan también que fueron condenados dando como hecho probado “únicamente el testimonio de la denunciante sin tener en cuenta ni las declaraciones de otros testigos presentes ni a la policía”.
Según uno de los abogados de los condenados, a esto se une la circunstancia “aberrante” añadida de que si los hechos no hubiesen sido supuestamente realizados en una jornada de huelga, la sanción penal hubiese sido “significativamente menor”, lo que a su juicio es “tanto como la negación práctica de la existencia real de dicho derecho fundamental”.
Para tratar de invalidar parte del proceso en el que se les condenó, ambos presentaron un recurso de incidente de nulidad de actuaciones ante la Audiencia de Granada que no fue admitido a trámite.
Carmen, a quien le fue concedido el aplazamiento de entrada en prisión hasta final de julio, ultima los detalles para la presentación de su petición de indulto en próximas fechas.
Carlos, de quien aun pende la orden de ingreso inmediato en prisión, presentó la petición de indulto la semana pasada ante el Ministerio de Justicia junto con una petición de suspensión de la ejecución de la condena hasta el fin del trámite.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se comprometió ayer a estudiar las peticiones de indulto para tres sentencias de tres años y un día de prisión a seis sindicalistas por delitos contra los derechos de los trabajadores, entre ellos el que concierne a ambos.