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Cuatro detenidos en Guadix y Albolote por supuesto fraude en cursos de formación
La Policía ha efectuado una docena de detenciones en relación con el caso del presunto fraude en los fondos de formación para desempleados en las provincias de Málaga y Granada en una operación que sigue abierta y puede durar varios días. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha practicado los arrestos, ocho de ellos en la provincia malagueña y cuatro en la granadina (en el caso de Granada dos en Guadix y dos en Albolote).
En el caso malagueño, el fiscal solicitó hace un mes que declarasen como imputados funcionarios y responsables del organismo autonómico que otorgó las subvenciones y los responsables de las entidades donde se detectaron irregularidades en la obtención de las ayudas y en la aplicación de los fondos recibidos, según informa Efe y la Cadena Ser citando fuentes policiales.
El fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, consideró entonces que los hechos investigados podían constituir presuntamente delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude de subvenciones, estafa y falsedad documental.
La Fiscalía Anticorrupción pidió al Juzgado Decano malagueño que investigara este presunto fraude tras llevar desde mayo de 2013 estudiando el caso.
En un informe de la Policía se aludió a la resolución de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo de 15 de diciembre de 2010 donde se hacen públicas subvenciones concedidas a 20 personas físicas y jurídicas por un importe total de 1.722.558 euros.
Entre otras irregularidades se aludía, junto a los supuestos de incumplimiento generalizado del compromiso de contratación, a la “práctica de caza de subvenciones” por algunas empresas beneficiarias y la falta de solvencia y experiencia en la formación en algunas de estas personas físicas y jurídicas que reciben ayuda.
En un informe posterior se insistió en las irregularidades, pero se precisó que estas se encuentran en 17 de las 20 entidades y personas físicas de la subvención analizada.
Dado que se produjeron irregularidades similares a las de Málaga en otras provincias de la comunidad autónoma, la Fiscalía malagueña decidió limitar el alcance de sus diligencias a los hechos de esta provincia y derivar las otras al ministerio público de referencia.
En el mencionado informe se alude a resoluciones de la Dirección general de Empleo por las que se conceden subvenciones en 2011 para acciones formativas con compromiso de contratación y para trabajadores desempleados dentro del programa presupuestario 32D.
Destaca el caso de un mismo beneficiario de las resoluciones que habría obtenido subvenciones a través de varias sociedades y entidades a él vinculadas por importe de 14.671.381 euros.
La Policía estableció diferentes responsabilidades penales y distinguió entre ilícitos cometidos por beneficiarios de subvenciones e irregularidades en su otorgamiento y control.
En las primeras figura la falsedad en la presentación de documentos, así como en la acreditación de la asistencia a los cursos de ciertos alumnos, suplantación de personalidad de determinados tutores o de gastos supuestamente producidos.
En el segundo caso se incluye la falta de capacitación de ciertas entidades para la formación profesional, el incumplimiento del compromiso de contratación o la “absoluta falta de control” de la ejecución de cursos.
