El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena a quince años de prisión para el único acusado de un doble crimen en Granada, imputado en calidad de cómplice necesario tras el asesinato de dos jóvenes supuestamente por dos colombianos en un ajuste de cuentas por droga.
La sentencia de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, a la que ha tenido acceso Efe, ha desestimado el recurso presentado por la defensa de Raúl C.C., el único condenado por el doble crimen en el que murieron otros dos jóvenes de Granada.
Los hechos tuvieron lugar en abril de 2009 cuando, supuestamente, dos colombianos acabaron con la vida de dos jóvenes de cuatro disparos en la cabeza y dejaron sus cuerpos tirados en el Camino de Purchil con restos de cocaína.
Raúl fue juzgado en la Audiencia de Granada como cómplice necesario y condenado a 15 años de prisión, una pena que confirmó en enero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y que ahora ratifica el Supremo.
Los dos colombianos no fueron localizados y se juzgó por el doble asesinato al condenado, un amigo de los fallecidos.
Durante el juicio, que se celebró en marzo del año pasado con un jurado popular, el condenado declaró que preparó junto a las víctimas un plan para robar droga a dos colombianos, Edu y Jose, con los que habían tenido encuentros previos con la excusa de comprarles droga.
Relató que llegó al Camino de Purchil junto a los dos fallecidos para encontrarse con los colombianos y que se salvó de la agresión porque había salido a orinar.
Justificó además que huyó del escenario de los asesinatos tras comprobar que sus amigos estaban muertos al sentir miedo a que acabaran con su vida.
Las dos víctimas aparecieron maniatados, con dos disparos en la cabeza y droga espolvoreada sobre el cuerpo.
La acusación particular por el doble crimen, que ejerce el letrado Carlos Aranguez, ha lamentado que pese a la petición de ejecución de la sentencia el condenado se encuentre en libertad.
El Tribunal Supremo, que ha rechazado el recurso de casación por quebrantamiento de forma y vulneración del precepto constitucional, condena además al acusado al pago de las costas.