Recogida de firmas en Baza contra la supresión de los partidos judiciales

Frenar la desaparición del Partido Judicial de Baza y el traslado de los juzgados bastetanos a la capital granadina, son los principales objetivos de la última comisión de la Plataforma en Defensa de los Juzgados y del Partido Judicial de Baza y para los que pide la adhesión e implicación de toda la ciudadanía y entidades de Baza y de su comarca.

Para ello el colectivo, compuesto por asociaciones vecinales, el Ayuntamiento bastetano, abogados y procuradores, celebrará el martes día 22 una reunión (a las 20.30 en el auditorio del Museo Arqueológico) en la que explicará el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), se despejarán las dudas acerca de este documento y detallarán algunas de las medidas que se tomarán para difundir entre la ciudadanía las consecuencias que tendrá en la economía y población bastetanas la aplicación del LOPJ.

La plataforma ha fijado como principales actuaciones una recogida de firmas y la elaboración de cartelería bajo el título ‘No al cierre de los juzgados de Baza y comarca y a su traslado a Granada’. En la hoja de rúbrica figurará, además, las frases reivindicativas “para que se mantengan los Juzgados en Baza y comarca; para que se mantenga el Registro Civil en Baza y comarca; por un servicio público, próximo y de calidad. No a las tasas judiciales y por el mantenimiento de los puestos de trabajo”.

Esta colecta se completará con la consecución de los apoyos entre las instituciones y administraciones, para lo que se ha enviado el texto de la moción aprobada en el pleno municipal de Baza (PSOE, IU y PA la propusieron y votaron favorablemente, mientras que el PP se abstuvo) a los ayuntamientos de las comarcas de Baza y de Huéscar.

Una muestra efectiva de la desmantelación de los juzgados son las nuevas leyes aprobadas por el último Consejo de Ministros que ceden a los registradores mercantiles gestiones que hasta ahora se desarrollan en los juzgados. Ello se establece en las Disposiciones Adicionales de la 20ª a la 24ª del Real Decreto Ley (8/2014, de 4 de julio) denominado “de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia”, que “de tapadillo y sin aparente relación con su denominación establece unas medidas que pueden ser el primer y definitivo paso para comenzar a desmantelar los servicios que hasta ahora se vienen prestando en los Partidos Judiciales y Juzgados de Paz, condenados a desaparecer en las previsiones legislativas del ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón”.

Otro de los asuntos que se abordaron fue la convocatoria de huelga para el sector de la justicia y promovida por el sindicato CCOO para el 8 de octubre. La protesta está motivada por el desmantelamiento del sistema judicial y reducción de servicios públicos que ha iniciado el Gobierno de España, que ha dado un nuevo ataque a los derechos de acceso a la Justicia de la ciudadanía con la “privatización de los Registros Civiles, que mueven más de 3 millones de asientos al año entre nacimientos, defunciones y bodas”.