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Víctor Sánchez no puede ser juzgado por su salud
La Audiencia ha ratificado que el estado de salud del exalcalde de Atarfe Víctor Sánchez (PSOE) impide que afronte los juicios pendientes y ha ordenado que los procedimientos se celebren sin él, a pesar del recurso presentado por la Fiscalía contra el archivo de una de sus causas. Un auto archivó en mayo de manera provisional la causa contra Sánchez por un delito continuado de prevaricación ordinaria y otro de prevaricación urbanística al considerar que sus dolencias desaconsejaban el estrés que representa el acto judicial.
La Fiscalía presentó un recurso de súplica contra el auto de la Audiencia para que el exalcalde afronte las causas pendientes, para lo que ofreció alternativas como que Sánchez declarase en un hospital, una petición que no ha sido atendida por la Audiencia.
Fuentes del caso han detallado a Efe que la Audiencia mantiene su criterio de continuar el procedimiento de las causas sin el exalcalde hasta que recupere las condiciones de salud necesarias para someterse a un juicio.
La Audiencia ordenó en mayo recabar informes médicos sobre el estado de salud del exalcalde cada seis meses y el archivo provisional de la causa por prevaricación hasta que mejore su salud.
El archivo se sustentó en un informe forense que advirtió de que ante las “graves, crónicas e irreversibles” patologías del acusado, no es descartable que pudiera sufrir una crisis con descompensación de la tensión arterial si se somete a una situación como la declaración en un juicio.
La Audiencia atiende así a la petición del exalcalde de Atarfe de archivar provisionalmente su quincena de causas pendientes hasta que mejore su estado de salud.
Las dolencias del exalcalde obligaron en septiembre del año pasado a suspender un juicio porque Sánchez estaba hospitalizado, una suspensión por otras acusaciones que se repitió en mayo y el pasado mes de junio, cuando se aplazó el juicio previsto hasta que la Audiencia respondiera al recurso de súplica de la Fiscalía.
Sánchez se iba a enfrentar a una petición de cuatro años y medio de cárcel y otros 18 de inhabilitación por delitos de prevaricación ordinaria, prevaricación urbanística y malversación.
