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El PP exige a la Junta que pague la deuda con empresas de servicios educativos
El Partido Popular ha exigido a la Junta de Andalucía que apruebe un calendario de pagos para atender la deuda con las empresas que prestan servicios educativos como las actividades extraescolares o el aula matinal y ha propuesto crear un grupo de expertos que ofrezca soluciones al sector.
La parlamentaria y portavoz del PP de Educación en el Parlamento de Andalucía, Marifrán Carazo, ha exigido a la Junta de Andalucía que pague la actual deuda con las empresas del sector, exigencia que reforzará con mociones para forzar el pago en los municipios que ofrecen estos servicios.
Las empresas afectadas, con las que se ha reunido el PP, acumulan impagos por la prestación de servicios de aula matinal, actividades extraescolares y servicios complementarios, algunos de los cobros pendientes desde octubre de 2013.
En una rueda de prensa en Granada, el Partido Popular ha exigido al Gobierno andaluz que responda a la deuda para evitar el riesgo de quiebra en las empresas afectadas y garantizar el mantenimiento de servicios “esenciales” para los alumnos.
Carazo ha señalado que, sólo en la provincia de Granada, los retrasos en el pago de la Junta afectarían a más de 2.500 trabajadores, cerca de medio centenar de empresas y más del 80 % del alumnado de infantil y primaria.
El PP ha subrayado que los retrasos e impagos que se reiteran desde el curso 2008-2009 dificultan el mantenimiento y la viabilidad de pequeñas y medianas empresas y de autónomos del sector educativo.
“La situación de estas empresas es insostenible por culpa de la ineficacia y la falta de compromiso de la Administración autonómica que paga tarde, mal y nunca”, ha apuntado Carazo.
El PP presentará una moción en todos los ayuntamientos donde se presten estos servicios para exigir al Ejecutivo andaluz que afronte la deuda y elabore un calendario de pagos.
Pedirán además que se cree un grupo de expertos con más de 15 años de experiencia laboral para que aporten ideas y soluciones, ya que consideran a la Junta “incapaz” de asegurar el mantenimiento de estos servicios.
