Recogida de firmas para defender la permanencia de los juzgados de Baza

La Plataforma para la Defensa de los Juzgados y el Partido Judicial de Baza ha pedido la colaboración ciudadana y la máxima implicación de los colectivos e instituciones de Baza y de la comarca para defender la permanencia del Partido Judicial y de los juzgados bastetanos y frenar la desaparición de los jueces de paz, tal y como se contempla en el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que promueve el Gobierno.

En la reunión informativa para asociaciones y particulares celebrada ayer martes día 22 de julio los miembros de la comisión (Ayuntamiento de Baza, asociaciones de vecinos, colectivo de abogados y procuradores, los partidos políticos PSOE, PA, IU, Partido Comunista de los Pueblos de España, Izquierda Anticapitalista y Podemos) distribuyeron las hojas de firma y las de adhesión de asociaciones y colectivos, que se pueden encontrar en el Ayuntamiento de Baza, Casa de la Cultura y en algunos establecimientos comerciales de la ciudad.

En la hoja de rúbrica figurará, además, las frases reivindicativas “para que se mantengan los Juzgados en Baza y comarca; para que se mantenga el Registro Civil en Baza y comarca; por un servicio público, próximo y de calidad. No a las tasas judiciales y por el mantenimiento de los puestos de trabajo”.

En la reunión se informó de las últimas acciones en contra del anteproyecto de LOPJ que se están realizando en todo el territorio nacional y que no entienden de colores políticos. Han recordado, además, que una muestra efectiva de la desmantelación de los juzgados son las nuevas leyes aprobadas por el último Consejo de Ministros que ceden a los registradores mercantiles gestiones que hasta ahora se desarrollan en los juzgados. Ello se establece en las Disposiciones Adicionales de la 20ª a la 24ª del Real Decreto Ley (8/2014, de 4 de julio) denominado “de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia”, que “de tapadillo y sin aparente relación con su denominación establece unas medidas que pueden ser el primer y definitivo paso para comenzar a desmantelar los servicios que hasta ahora se vienen prestando en los Partidos Judiciales y Juzgados de Paz, condenados a desaparecer en las previsiones legislativas del ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón”.