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El juez ordena a las promotoras obras de urgencia en Cármenes del Mar
El juzgado de Primera Instancia 12 de Granada ha ordenado como medida cautelar ejecutar obras de sostenimiento valoradas en 4,5 millones y el embargo de bienes por otros 3,6 millones de euros para los nueve acusados de diseñar y construir 400 viviendas con graves daños en La Herradura.
El auto del juzgado de Primera Instancia 12, al que ha tenido acceso Efe, ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por los vecinos de las diferentes fases de la urbanización Cármenes del Mar de La Herradura, en Almuñécar hasta que se emita una sentencia pendiente de un informe del Ayuntamiento.
La urbanización con 425 casas se vendió entre los años 2001 y 2005 por precios que rondaron los 100.000 euros y desde su construcción, la ladera de Cerro Gordo en la que se ubica ha sufrido corrimientos de tierra que han ocasionado el derrumbe de algunas de las casas, la clausura por riesgo de otras 15 y desperfectos graves en la mayoría de las viviendas.
En la última sesión del juicio, que se ha celebrado desde el mes de febrero de manera intermitente, el juzgado supeditó la sentencia para depurar la responsabilidad civil en los desperfectos al informe municipal, tras el que decidirá quién costea las obras para estabilizar la urbanización.
El auto judicial ha aceptado como medidas cautelares que los demandados ejecuten obras para garantizar el sostenimiento de la ladera en la que se ubica la urbanización, valoradas en 4,5 millones de euros según un peritaje, una cuantía muy inferior a la necesaria para solucionar los desperfectos de las viviendas.
Las medidas cautelares incluyen el mantenimiento de la funcionalidad de viales y accesos interiores y exteriores, el de abastecimientos básicos como electricidad, gas y agua y la sustitución de las redes subterráneas de conducción de agua potable y de agua de saneamiento.
El auto ordena además a los demandados a mantener los equipamientos que contribuyan a la estabilización de la urbanización, como muros de contención y anclajes, la vigilancia y en su caso, eliminación de cualquier riesgo para personas, y la consolidación del terreno en el que se cimentan las viviendas.
Las obras tendrán que proteger y sanear los taludes y laderas de Cerro Gordo frente a erosiones, caída de bloques y desprendimientos.
El juzgado de Primera Instancia 12 ha acordado además el embargo preventivo de los bienes de los demandados por un importe de 3,6 millones que se hará efectivo cuando los afectados aporten un aval por un millón de euros.
El juzgado ha aceptado la adopción de medidas cautelares al prever que la sentencia firme del caso se dilate en el tiempo.
Los propietarios mantuvieron la petición de condena para los acusados por diseñar y construir la urbanización, cuyas defensas responsabilizaron a los vecinos de no cuidar las instalaciones de una urbanización aún sin recepcionar.
