Mayte Olalla considera “increíble” que el Ayuntamiento quiera ahorrar 40.000 euros anuales perjudicando “a los más débiles” y en cambio mantenga a ocho tenientes de alcalde “que cobran más”.
La concejala de UPyD en el Ayuntamiento de Granada ha pedido al equipo de gobierno del PP que investigue “desde ya” la situación de Coyma, la empresa concesionaria del servicio de conserjerías de colegios públicos de la capital, tras haber tenido conocimiento de la existencia de irregularidades en los contratos.
En rueda de prensa, Olalla ha especificado que una de ellas podría ser la discriminación de esos ordenanzas por sexo. A los hombres se les habría hecho un contrato indefinido y a las mujeres, una temporal. Sería una “nueva barbaridad” que unir a lo que ya denunció la semana pasada: la concesión “escandalosa” de ese servicio a la citada empresa pese a saber que eso significaba un recorte del 41% en los sueldos de los ordenanzas.
“Nos parece increíble que el Ayuntamiento quiera ahorrar 40.000 euros al año a costa de los más débiles, de los que trabajan siete horas al día y cobran 654 euros brutos al mes, con pagas extras incluídas, y sin embargo mantenga a ocho tenientes de alcalde que cobran más”, ha resaltado la edil.
Además, ha criticado que desde el Consistorio se diga que esa tremenda disminución de los salarios que acarreó el cambio de concesionaria (antes ese servicio lo realizaba la empresa Clece) es “perfectamente legal”. A su juicio no lo es en absoluto, y así lo avala un informe de la Inspección de Trabajo “que dice que la subrogación tiene que hacerse respetando las condiciones que existían, y es obvio que eso no ha ocurrido aquí”.
Como se recordará, Mayte Olalla denunció días atrás que el Ayuntamiento había hecho una “baja temeraria” en la concesión del servicio de conserjerías, porque en el pliego de condiciones estableció un salario máximo de 11 euros por hora, lo cual ya significaba un empeoramiento de las condiciones laborales de los empleados, y posteriormente aceptó la oferta de Coyma, que ofrecía 8,91. “Está claro que eso no se puede hacer sin que los trabajadores salgan perdiendo”, afirmó.