La Diputación de Granada ha reclamado la deuda tributaria que asegura mantiene la Junta de Andalucía con los municipios de la provincia y cuya cuantía asciende a 7,5 millones de euros, lo que deja en una situación “muy delicada” las arcas de numerosas localidades.
Así lo ha denunciado hoy la diputada de Economía de la institución provincial, Inmaculada Hernández, quien ha censurado este comportamiento de la administración autonómica y la ha urgido a corregir el impago de tasas.
Ha asegurado que hay ayuntamientos granadinos cuyas cuentas quedan en una situación de “vulnerabilidad” por esta deuda, lo que provoca en algunos casos incluso que esté en riego el pago de nóminas.
“La Junta ni está ni se le espera”, ha resaltado Inmaculada Hernández, que ha manifestado que el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que se devenga por el uso de pisos, cocheras, edificios, embalses y pantanos de la administración autonómica en los municipios granadinos no está siendo abonado.
Según la Diputación, la deuda de la Junta de Andalucía asciende a 6.660.000 euros, a lo que se suman los de empresas públicas y organismos dependientes como son la Empresa Pública de Vivienda y Suelo (EPSA), con una deuda de 756.000 euros; el SAS, que debe más de 100.000 euros; u otros organismos como la extinta Agencia Andaluza del Agua, la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero, o el Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Al ser “inembargable”, la Junta de Andalucía está “abusando” de una situación “de superioridad”, lo que debería “ruborizar” a sus responsables, ha censurado la diputada.
Ha recordado que la Diputación granadina ha adelantado a los municipios granadinos casi 30 millones de euros de la recaudación prevista a final de ejercicio, incluso anticipando dinero que “no se va a cobrar nunca”, ha admitido.