La Consejería de Justicia e Interior y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), a través de la denominada “Junta de Expurgo”, han eliminado ya cerca de 150.000 expedientes judiciales antiguos y sin valor de los juzgados de Granada con el objetivo de liberar espacios en los archivos.
Esta actuación es fruto del acuerdo adoptado por la Junta y el alto tribunal andaluz para la destrucción selectiva de aquella documentación carente de interés para ser conservada y procedente de los órganos judiciales.
Los expedientes destruidos proceden del los juzgados de Instrucción números 1, 2, 3, 4, 5 y 8 de la capital granadina y correspondían a diligencias previas y juicios de faltas de las décadas de los 70, 80 y 90.
La delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, ha asegurado que este proyecto pretende dar respuesta a uno de los problemas más acuciantes de la Administración de Justicia, como es la saturación de los archivos judiciales y la falta de espacio en sus instalaciones y que ofrecen una imagen “desfasada y negativa” de este servicio público.
García ha dicho que no tiene “ningún sentido” conservar expedientes que no tienen ningún valor ni interés y que están ocupando “inútilmente” un lugar en los archivos, espacio que se necesita liberar para acoger nuevos documentos o bien destinarlo a otros usos más perentorios.
Esta destrucción selectiva de documentación judicial ha sido acordada por la Junta de Expurgo, un órgano creado por el Gobierno andaluz y el TSJA para ordenar y analizar la documentación susceptible de ser eliminada o conservada, garantizando siempre la confidencialidad de los archivos.
La Junta de Expurgo es un órgano colegiado de naturaleza administrativa presidida por una magistrada y que cuenta con el apoyo de un miembro de la carrera fiscal, un secretario judicial, el jefe de servicio de Archivos de la Consejería de Justicia e Interior, un funcionario archivero y otro funcionario que hace las veces de secretario.
Uno de los criterios principales en la selección de los documentos judiciales que se van a eliminar o archivar es su interés judicial e histórico, para lo que se cuenta con la colaboración de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, que tiene un papel relevante en la aprobación de las correspondientes tablas de valoración.