“No al Cerrojazo” pide una moratoria de diez años en la extinción de rentas antiguas

La plataforma “No al Cerrojazo”, impulsada contra la extinción de los contratos de arrendamiento de locales de negocio sujetos a renta antigua que se producirá en enero del 2015, ha pedido hoy al Gobierno un “régimen transitorio” que permita una nueva moratoria en la aplicación de la ley.

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Granada ha acogido la presentación de este colectivo, que ha informado sobre la problemática que se avecinará el próximo 1 de enero con la extinción de los contratos de arrendamiento sujetos a renta antigua, según ha informado en un comunicado.

La plataforma ha hecho especial énfasis en las repercusiones económicas y sociales que conllevará la aplicación de la Disposición Transitoria III de la Ley de Arrendamientos Urbanos del año 1994.

Según este colectivo, la extinción de las rentas antiguas supondría el cierre de más de 100.000 establecimientos mercantiles en toda España, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística.

No obstante, este cálculo sería uno de los más optimistas, puesto que la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Madrid ha cifrado el número de afectados en 300.000.

Otra de las repercusiones directas que generaría la extinción de las rentas antiguas sería la pérdida de empleo, que podría alcanzar a 300.000 trabajadores en toda España, con una edad media avanzada, ya que los negocios que se ven afectados tienen como mínimo 30, 40 ó 50 años.

Por ello, la plataforma instará al Gobierno a aprobar modificaciones de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de 1994, que permitan un régimen transitorio de los contratos de arrendamiento de local de negocio, consistente en una nueva moratoria de diez años en todos los casos.

Al inicio de este régimen transitorio de diez años, se procedería a una actualización de la renta por la diferencia entre el incremento de los últimos veinte años del IPC de arrendamientos urbanos a finales del presente año y el incremento del IPC general ya aplicado.

También reclaman una línea oficial de crédito para el traslado, reforma y adaptación de locales para empresas afectadas por la finalización de la moratoria, durante la prórroga de la misma, en atención a la situación de grave crisis económica.

Piden igualmente que se elabore en el plazo de seis meses un plan de protección integral del patrimonio comercial histórico que ponga las medidas que se consideren adecuadas a fin de preservar la identidad del paisaje comercial urbano de las ciudades.