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Las falsificaciones de datos para obtener el colegio deseado… bajan
La delegada de la Consejería de Educación en Granada, Ana Gámez, ha destacado hoy disminución de las denuncias por fraude o falsedad documental en las solicitudes de admisión a centros sostenidos con fondos públicos en el proceso de escolarización.
Según la administración autonómica, la mayoría de las denuncias se han producido en el acceso a la educación infantil de 3 años y en el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria.
Hasta 26 escolares sólo en la provincia de Granada han perdido los derechos de prioridad en la elección de centro, 18 de los cuales han debido cambiar de colegio, al demostrarse fraude o falsedad documental en las solicitudes de admisión.
“Se trata de un número sensiblemente menor que el de cursos anteriores”, ha explicado Gámez, que ha cifrado el número de denuncias en 14, que han requerido que 117 casos sean investigados, veinte menos que el curso anterior.
El número de alumnos que han perdido la prioridad también se ha reducido en un 33 por ciento, más de un 70 por ciento si nos remontamos a hace dos años.
También son 10 alumnos menos los que, tras comprobarse el fraude, han perdido la plaza que habían solicitado, 45 menos en dos años.
La delegada de Educación ha destacado que la Junta de Andalucía actúa “con contundencia” ante este tipo de casos, para garantizar el derecho de las familias en la elección de los centros escolares.
Sin embargo, ha recordado que el fraude en la escolarización es una práctica “poco habitual”, que afecta a un porcentaje “insignificante”, alrededor del 0’01 por ciento del alumnado matriculado en centros sostenidos con fondos públicos.
Gámez ha destacado que las familias estén comprendiendo año a año que el proceso de escolarización debe presentar todas las garantías para todos los alumnos.
En este sentido, ha detallado que la legislación andaluza establece la pérdida de los derechos de prioridad al centro solicitado en el caso de que se compruebe que las solicitudes de admisión incluyen datos o documentos que no se correspondan con la realidad familiar.
Según Ana Gámez, la colaboración institucional es “básica” para el éxito de estas actuaciones, ya que se implican diferentes agentes.
En la tramitación de estas denuncias la Consejería ha contado con la colaboración de la Fiscalía, de la policía autonómica y de la mayoría de los municipios.
El proceso de escolarización se realiza con plenas garantías para todas las familias, por lo que, como paso previo a la resolución final, todas las familias denunciadas han sido oídas e informadas del procedimiento en curso y de los datos aportados por la policía autonómica.
Escucha a Ana Gámez:
