Mineros de Alquife denuncian a seis consejeros por subvenciones concedidas a la mina

Catorce extrabajadores de Minas de Alquife han denunciado ante la juez que investiga el caso de los ERE, Mercedes Alaya, a seis consejeros andaluces por estafa, falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias y malversación con subvenciones públicas concedidas a la minera.

La denuncia, a la que ha tenido acceso Efe, se hace extensiva a 39 personas, entre ellas a los responsables de Minas del Marquesado S.L.L. y Minas de Alquife Holding, por ayudas recibidas desde 1997 para reanudar la actividad minera, lo que nunca ha ocurrido.

Los exmineros incluyen en la denuncia a los exconsejeros Francisco Vallejo, Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera, Martín Soler, Antonio Ávila y a José Antonio Sánchez Maldonado, actual consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

También denuncian a un juez de lo Social de Granada, al expresidente de la Diputación de Granada Antonio India a representantes de CCOO y de UGT, a inspectores de Trabajo y a otros dirigentes de la Junta.

La denuncia se ha presentado ante Alaya porque ya investiga algunas ayudas que recibió Minas de Alquife, han precisado fuentes de los denunciante, que pretenden conocer con exactitud el dinero que habría recibido desde 1997 la explotación minera y que ellos calculan en “no menos” de 30 millones de euros.

Los extrabajadores denuncian que la Junta ha inyectado dinero público a las dos empresas “y no han contribuido al desarrollo de la comarca, como han venido anunciando desde hace tiempo a través de diferentes plataformas y medios de comunicación”.

El origen de los presuntos delitos, indican los extrabajadores, se remonta al proceso de liquidación y adjudicación de los bienes de todo tipo de la extinta Compañía Andaluza de Minas, quebrada en 1996, y de la que se creó la Compañía Limitada Laboral Minas del Marquesado.

Las participaciones sociales de todos los que constituyeron esa compañía fueron de carácter laboral, y para ello los mineros firmaron un contrato de cesión de derechos de créditos de los que pudieran ser beneficiarios para entrar en un proceso de prejubilaciones, que fue “acordado sin cobertura legal de ningún tipo”.

Los exmineros también denuncian las “falsas promesas” que tanto desde Minas del Marquesado S.L.L. como Minas de Alquife Holding, con sede social en Maastricht, se les ha hecho a los trabajadores y vecinos de la comarca, y agregan que esta situación de “ilegalidad” ha provocado que ahora carezcan de una forma con la que ganarse la vida.

Además, resaltan que la zona de las Minas del Marquesado, junto con el poblado minero, están declarados como Bien de Interés Cultural pero han sufrido “graves deterioros” provocados por el “abandono” y el “uso indebido” de esos enclaves, como maniobras militares con fuego real.

Minas de Alquife niega haber recibido “un solo euro” de la administración

Minas de Alquife y Minas de Alquife Holding han negado hoy haber solicitado ni recibido “un solo euro” procedente de ninguna administración pública “en ninguna de sus formas”.

Estas declaraciones se producen después de que 14 extrabajadores de Minas de Alquife hayan denunciado ante la juez que investiga el caso de los ERE, Mercedes Alaya, a seis consejeros andaluces por estafa, falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias y malversación con subvenciones públicas concedidas a la minera.

La denuncia se hace extensiva a 39 personas, entre ellas a los responsables de Minas del Marquesado S.L.L. y Minas de Alquife Holding, por ayudas recibidas desde 1997 para reanudar la actividad minera, lo que aún no ha ocurrido.

En un comunicado, las actuales empresas responsables del proyecto aseguran que no participaron “ni directa ni indirectamente” en el proceso de liquidación de la Compañía Andaluza de Minas, y entienden que se realizó “dentro del más absoluto respeto a la legalidad”, lo que vendría avalado, dicen, por los distintos pronunciamientos emitidos en los procesos administrativos y judiciales abiertos.

“Precisamente ese convencimiento de la legalidad del proceso es el que llevó a Minas de Alquife y a Minas de Alquife Holding a adquirir el 95 % de los derechos mineros a sus propietarios”, agregan.

Esos acuerdos fueron “debidamente formalizados en las correspondientes escritoras de compraventa, cumpliendo puntualmente las obligaciones derivadas de la misma, tanto con los vendedores como con las administraciones públicas”, señala el comunicado.

En la actualidad, la tramitación administrativa del proyecto de reapertura de la Minas del Marquesado, “con ser compleja, evoluciona de forma favorable, hasta el punto de que el inicio de la actividad de producción podría adelantarse al segundo semestre de 2015”.

La actividad extractiva podría comenzar en los primeros meses de 2016, mientras que los trabajos de infraestructura empezarán en el primer trimestre del año que viene, indican.

Por ello, mantiene que las acusaciones son “rotundamente falsas y solo responden a intereses particulares de quienes han pretendido lucrarse a título individual de un proyecto” que, dicen, puede suponer “un revulsivo económico fundamental para una de las comarcas más deprimidas de Andalucía”.