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La Diputación estudia denunciar el decreto de formación de la Junta
La Diputación de Granada ha anunciado hoy que estudia llevar a los tribunales el decreto de la Junta de Andalucía que regula la composición de las comisiones paritarias de formación por el empleo, al entender que vulnera las competencias de las administraciones provinciales y locales.
El equipo de Gobierno del PP en la institución provincial ha exigido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, la derogación y nueva redacción del artículo 5 del Decreto 98/2014.
La Diputación, ha informado en rueda de prensa el diputado de Función Pública, Francisco Javier Maldonado, se reserva llevar el caso a los tribunales, por la vía contencioso-administrativa, de no encontrar respuesta a este requerimiento previo formulado con fecha 10 de septiembre por su presidente, Sebastián Pérez (PP).
Maldonado ha explicado que las comisiones paritarias, que se crean con este decreto que modifica los estatutos del Instituto Andaluz de Administración Pública, son las encargadas de la propuesta de reparto de los 1,4 millones de euros que percibirán las entidades locales andaluzas para el desarrollo de formación para los empleados públicos.
En estas comisiones entra la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y no las diputaciones, lo que supone que sus competencias y por consiguiente las de las entidades locales se vean “gravemente lesionadas”, ha lamentado el diputado.
Ha recordado además que no todos los municipios están asociados a la FAMP y pese a ello la Junta le reserva con el nuevo reglamento el 25 por ciento del total de los fondos para formación, casi medio millón de euros, cuando la federación equivalente en el ámbito nacional, la FEMP, solo recibía un 4 por ciento hasta el año pasado.
Hasta ahora, los fondos de formación habían sido distribuidos por el Ministerio de Administración Pública mediante la convocatoria que se hacía en el mes de enero de cada año, y los fondos estaban disponibles en las diputaciones alrededor del mes de abril para la ejecución de las acciones formativas durante el resto del ejercicio.
Por acuerdo de la Comisión General de Formación para el Empleo estos fondos se reparten desde este año por las comunidades autónomas, aprobando a tal efecto la Junta de Andalucía el Decreto 98/2014 en junio de 2014.
“Como siempre la comunidad autónoma de Andalucía es la última en todo y la última de España en convocar estas ayudas”, ha resaltado a este respecto el diputado de Función Pública.
Pese a tener la transferencia estatal realizada desde principios de año, los pagos a las entidades locales andaluzas se retrasan por no estar aprobado el correspondiente plan de formación.
Ello habría supuesto el “colapso” de los planes de formación provinciales que, sin embargo, en Granada se está desarrollando con normalidad ya que, ha especificado, la Diputación Provincial ha adelantado “de forma transitoria” un montante de 70.000 euros para realizar las correspondientes acciones formativas desde enero.
El decreto de la Junta también vulneraría la Ley de Bases de Régimen Local y el artículo 141 de la Constitución Española que define las competencias de las diputaciones.
