El Ayuntamiento de Granada ha acusado hoy a la presidenta, Susana Díaz, de negar el registro en la Delegación del Gobierno de la Junta de un requerimiento que permita iniciar el procedimiento de embargo de bienes con los que hacer frente a la deuda tributaria de esta administración autonómica con la local.
Ante esta “negativa”, el concejal de Economía y Hacienda, Francisco Ledesma (PP), ha registrado esta mañana el referido documento ante la Subdelegación del Gobierno de Granada, para que ésta pueda a su vez darle traslado a la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
Este trámite se produce, según ha explicado el edil, después de que ayer un empleado público del Ayuntamiento se personara en el Registro General de la Delegación del Gobierno de la Junta en Granada y le negaran el registro del requerimiento de solicitud de información efectuada por parte de la administración local.
“Textualmente le dijeron al empleado público que tenían instrucciones de no registrar nada que rezase con la literatura de embargo o requerimiento de embargo por parte del Ayuntamiento de Granada”, ha declarado Ledesma a los periodistas.
El concejal ha añadido que, con esa actuación, se ve “el talante democrático” de Susana Díaz, quien tras haber reconocido una deuda tributaria de la Junta con el Consistorio de Granada cercana a los 5 millones de euros, “obstaculizaría” ahora el inicio del proceso de embargo que quiere ejecutar el Ayuntamiento para poder saldar esa cuantía.
Al parecer, según el edil, desde la Delegación de la Junta también se indicó al empleado municipal que si quería registrar el documento dirigido a la Consejería de Economía y Hacienda debía “coger un coche e irse a Sevilla”.
En el documento finalmente registrado hoy en la Subdelegación del Gobierno central y no en la Delegación de la Junta, la administración local designa una serie de bienes susceptibles de embargo y le pide a la autonómica que le indique cuáles de ellos no están afectados a uso o dominio público.
Ledesma ha advertido asimismo a la Junta que la Ley General Tributaria considera este tipo de prácticas como una infracción, en la medida en que obstruye el ejercicio que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Granada para poder ejecutar un embargo.
El pasado agosto, el Consistorio ya avanzó que había iniciado el procedimiento de embargo de dos solares de la Junta para poder hacer frente a la deuda que la administración autonómica tiene contraída con esta ciudad andaluza y que sólo en materia tributaria supera los 4,88 millones de euros.
El Ayuntamiento justificó entonces decisión tras haber hecho “oídos sordos” la Junta a las numerosas peticiones municipales de pago e intentos de diálogo.
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