El PSOE ha exigido hoy al Gobierno que derogue las tasas judiciales, que retire el proyecto de ley de justicia gratuita y que mantenga todos los partidos judiciales de las provincias, la mayoría de los cuales, dice, pretende eliminar a través de la nueva ley de Demarcación y Planta Judicial.
La vocal del PSOE en la Comisión de Justicia del Congreso, Elvira Ramón, ha tachado de “desproporcionadas e inconstitucionales” las tasas judiciales, además de “injustas y abusivas”.
En un comunicado, la diputada socialista ha acusado al Gobierno de imponer una justicia “para ricos”, que en su opinión “discrimina” y no va a aliviar la carga de trabajo de los órganos judiciales.
Ha incidido en que esta iniciativa del PP “condiciona el ejercicio del derecho a la justicia”, de lo que ha puesto como ejemplo que recurrir una multa de tráfico pueda suponer una tasa de 100 euros o reclamar a un moroso entre 100 y 1.200 euros.
Se ha referido además al “ataque” a los derechos fundamentales que supone a su juicio el proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita, que “deja fuera del sistema a los inmigrantes sin papeles y endurece las condiciones económicas para acceder al mismo”.
En su opinión, “no puede vincularse el ejercicio de un derecho fundamental de unos con cargo al ejercicio del mismo derecho por otros”, sino que debe ser un servicio sufragado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Para la diputada, que ha criticado también que se endurezca la tramitación, la propuesta de modificación de la demarcación y planta judicial significa “otro paso más hacia el desmantelamiento de la justicia como servicio público” al eliminar los partidos judiciales y encarecer los procesos.
Este anteproyecto, recuerda, apuesta por la creación de Tribunales de Instancia de ámbito territorial provincial, que asumirán todas las competencias actuales de los juzgados, lo que implicaría, dice, la práctica totalidad de los partidos judiciales y, con ello, “decenas de órganos judiciales”.
Para el PSOE, estas iniciativas no van a arreglar ninguno de los principales problemas que aquejan a la administración de Justicia ni van a resolver la “altísima litigiosidad de Andalucía”.