Numerosas personas han participado esta mañana en Granada en una cadena humana desde la Plaza Isabel La Católica hasta los juzgados de Plaza Nueva, organizada por la Plataforma Mujeres en Plural con motivo de la celebración del Día Internacional por la Despenalización del Aborto.
Con la retirada de la “contrarreforma” de la Ley del Aborto, y la dimisión del que fuera su principal valedor, el exministro Gallardón, esta movilización ha servido para celebrar esta victoria del movimiento de mujeres y ciudadano, pero también recordar los retos aún pendientes, como la retirada del recurso del PP contra la vigente Ley del Aborto, que lleva ya cuatro años en el Tribunal Constitucional.
Los asistentes han querido salir también a la calle para mostrar una realidad oculta, la de los castigos penales y los riesgos para la salud de las mujeres como consecuencia de abortos realizados en condiciones inseguras. Reivindicando el reconocimiento de la libertad, la autonomía y el respeto a las decisiones en el ámbito de la sexualidad y la maternidad y exigiendo el reconocimiento de los derechos humanos en el ámbito de la salud sexual y reproductiva.
La dimisión del ministro de Justicia y el anuncio por parte del presidente del Gobierno de la retirada de la “contrarreforma” de la ley de aborto supone sin duda un avance en la defensa de estos derechos en nuestro país, que evitará mucho sufrimiento y quebraderos de cabeza a las mujeres con embarazos no planificados. También es un alivio para los profesionales de la salud que practican los abortos.
Hay que celebrar este triunfo de las mujeres y de toda la ciudadanía. Y también hay que seguir actuando. Ahora es urgente lograr que el PP retire el recurso de inconstitucionalidad presentado e impedir que se exija el consentimiento paterno o materno a las jóvenes entre 16 y 18 años que deciden abortar. La ley actual deja este consentimiento en manos de la joven aunque obliga a informar a los progenitores, a no ser que alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo. Posibilidad a la que se han acogido sólo un 13% de las afectadas, según datos de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) del año 2012. El cambio que pretende el gobierno puede traer como consecuencia que la opinión de la joven no sea tenida en cuenta en una decisión personalísima que tendrá grandes repercusiones en su vida.
Hay que seguir vigilantes para asegurar el cumplimiento de la actual ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, en condiciones de equidad, en todas las comunidades autónomas; desarrollar los aspectos referidos a la educación sexual; garantizar este derecho también para las mujeres migrantes en situación irregular; mejorar algunos límites de la ley actual, etc.
En el ámbito internacional, sigue siendo necesaria la solidaridad con las mujeres de todo el mundo que se ven obligadas a someterse a abortos inseguros o que están en la cárcel por “el grave delito” de decidir si desean o no ser madres y en qué momento de sus vidas. Datos como los datos de mortalidad materna por aborto inseguro, un 13% según datos de la OMS 2012, apelan a la necesidad de seguir avanzando en el logro de leyes que garanticen los derechos sexuales y reproductivos, así como la promoción de la educación sexual, el acceso y buen uso de métodos anticonceptivos eficaces.
Por último, se ha querido agradecer a las asociaciones de mujeres, a aquellas que trabajan por la igualdad, y a todos los sectores de la sociedad civil (educación, salud, juristas, política, sindicatos, mundo de la cultura, medios de comunicación…) que se han esforzado y movilizado para frenar esta reforma. Esfuerzos que una vez más han dado su fruto, demostrando que la movilización ciudadana cuando es sostenida y logra el apoyo de la opinión pública, es útil y puede transformar la realidad.