Casi 10 años después, llegan acusaciones y exoneraciones en el Caso Alhambra

Tras casi una década de instrucción del ‘caso Alhambra’, hoy se ha conocido la petición de la Fiscalía previa al juicio. Exonera a 32 acusados y pide penas de hasta nueve años de prisión para los 45 profesionales turísticos acusados de apropiación indebida, estafa, falsedad y daños al patrimonio por los trapicheos detectados en la gestión de los billetes de la Alhambra.

El fiscal considera principales responsables de la red que falsificaba entradas o dejaba entrar al monumento a turistas sin entrada o con billetes falsos a los responsables de dos agencias de viaje y un conocido guía turístico aunque también pide sentar en el banquillo a trabajadores del Patronato de la Alhambra, organismo público que a raíz de aquel escándalo modificó todo el sistema.

El informe de la Fiscalía calcula que la Alhambra dejó de ingresar entre 2003 y 2005 unos tres millones y medio de euros por los trapicheos de la red. Además, calcula que la sobreexplotación de la visita produjo otros daños patrimoniales de similar cuantía al monumento.

La calificación fiscal, conocida por Radio Granada, deja fuera del caso y por tanto pide el sobreseimiento de las actuaciones para 32 trabajadores inicialmente acusados de la Federación de Hostelería, BBVA -banco que entonces vendía las entradas-; guías turísticos y empleados del Patronato, aunque sí deja claro que muchos estaban al tanto de los tejemanejes de las entradas y hasta se pudieron aprovechar de la red.

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Caso Alhambra: ¿un fraude monumental?

Por Roberto Ruiz Oliva (EFE Granada)

El escrito de acusación de la Fiscalía en el conocido como “caso Alhambra”, que ha investigado irregularidades en la venta de entradas y control de accesos a este recinto nazarí, ha puesto al descubierto un complejo entramado presuntamente delictivo en torno al conjunto monumental más visitado de España.

Al margen de las posibles responsabilidades penales que se depuren cuando la causa, cuya instrucción se demoró durante casi nueve años, llegue a juicio y preservando la presunción de inocencia de todos los acusados, el fiscal Luis Salcedo recoge en su relato aspectos que bien podrían formar parte de un guión cinematográfico.

Y es que, siempre de acuerdo con lo que explica el Ministerio Público en su escrito de acusación al que hoy ha tenido acceso Efe, en la mayoría de los acusados se observa un consumo en el entorno de su núcleo familiar que no se corresponde con los ingresos derivados de sus actividades profesionales.

De esta manera, la investigación practicada sobre algunos de ellos ha determinado la existencia de incrementos patrimoniales “no justificados” y derivados, a juicio del fiscal, de su participación en los hechos objeto de acusación.

Apuntes en cuentas corrientes a través de cheques y transferencias bancarias de origen desconocido que, junto al consumo de bienes abonados en efectivo, suponen rentas no justificadas que habrían sido percibidas por los acusados.

Entre esos incrementos patrimoniales “dudosos” cabe destacar como ejemplo la adquisición en régimen de copropiedad de una avioneta, con un curso de piloto incluido, cuyo abono se hizo “en efectivo” y con dinero de origen desconocido.

A todo ello se suman ingresos de procedencia no justificada de muy diversas cuantías, además de la adquisición de motocicletas, ciclomotores, turismos, viviendas, inmuebles o una plaza de aparcamiento.

“Se observan gastos de difícil justificación en este contexto y que son demostrativos de un alto tren de vida”, indica respecto a uno de los acusados el fiscal, que también observa una “interacción continua” entre lo personal y lo empresarial entre algunos de los procesados y las empresas implicadas en la trama.

Pero, al margen de estos incrementos patrimoniales, el caso también ha puesto de manifiesto curiosos tipos de retribuciones en especie de algunos de los principales acusados y sus allegados para lograr la colaboración de los empleados que se encargaban de controlar los accesos a la Alhambra de Granada.

Los beneficios obtenidos a través de la actividad delictiva se habrían por tanto canalizado no solo a través de remuneraciones económicas “directas” sino con la creación de un “entramado social y personal”, detalla el fiscal.

Estas “relaciones sociales” se practicaban fundamentalmente a través de un restaurante que, al parecer, era utilizado por los acusados para recompensar el “trato de favor” de controladores y oficiales con los grupos gestionados por ellos.

De esta manera, según la Fiscalía, les proporcionaban desayunos, comidas y consumiciones gratis, procedían al pago de celebraciones de jubilaciones o comidas de Navidad e incluso llegaron a expedirles “tarjetas VIP” para uso de los empleados del Patronato de la Alhambra, que suponían descuentos de un veinte por ciento.

Estas retribuciones se extendieron también a otras conductas como el pago de viajes a Mallorca, Burgos o Valladolid, pernoctaciones en hoteles, regalo de un teléfono móvil e incluso un tratamiento médico.

Elementos todos ellos que parecen evidenciar, a falta de que todo sea confirmado y cotejado por un tribunal cuando el caso llegue a juicio, un fraude de dimensiones presuntamente “monumentales”.