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El PSOE pide frenar la desaparición del alquiler de renta antigua
El grupo parlamentario del PSOE defenderá esta tarde en el Parlamento una Proposición no de Ley en la que reclama este cambio normativo para facilitar la continuidad, prórroga o subrogación de los alquileres; una línea de crédito ICO para ayudar a las empresas afectadas; y un plan de protección del patrimonio comercial histórico.
El grupo socialista defenderá este jueves una Proposición no de Ley en el Parlamento andaluz en la que urge al Gobierno a que modifique la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Arrendamientos Urbanos para frenar el cierre de los negocios de renta antigua, afectados por el fin de la moratoria de estos alquileres reducidos a partir del próximo 1 de enero.
El parlamentario andaluz del PSOE Juan José Martín y la concejal socialista en el Ayuntamiento de la capital Raquel Ruz han advertido de que, a la difícil situación que padecen muchos comercios tradicionales por la crisis, se suman una serie de medidas “desafortunadas” adoptadas por el Gobierno central como son la subida del IVA, la liberalización de los horarios comerciales o la presión fiscal, entre otras.
Según ha asegurado el parlamentario socialista, entre el cinco y el diez por ciento de los establecimientos mercantiles cuentan con un contrato de arrendamiento anterior a 1985 y se encuentran bajo esta moratoria legal, a punto de finalizar. “Estamos ante una realidad que puede afectar a más de 100.000 establecimientos mercantiles en toda España, más de 2.000 de ellos sólo en la provincia de Granada”, ha afirmado.
Con la finalización de estos contratos, estos negocios, fuertemente arraigados en las ciudades, se verán en la obligación de negociar un nuevo contrato de alquiler, con una fuerte e inasumible subida de renta y que en el contexto actual de profunda crisis económica hará imposible su supervivencia, ha señalado el representante socialista, quien ha cifrado en más de 300.000 las personas que pueden perder su empleo a nivel nacional.
Por su parte, la concejal socialista ha alertado de que no se trata únicamente de un problema económico, sino también social y urbanístico por los efectos negativos que el cierre masivo de estos locales puede tener para el casco histórico de las ciudades al contribuir a su degradación. Además de la pérdida del comercio de proximidad y de un posible encarecimiento de los precios, la edil ha indicado que se perderá la personalidad de la ciudad y se verá mermado su atractivo turístico. “En una ciudad como Granada, donde el sector servicios resulta fundamental, el fin de la moratoria provocará efectos nefastos en la economía local”, ha agregado.
Los socialistas han afirmado que no pretenden proteger a una parte contractual frente a otra, sino “procurar que la inevitable transición desde un modelo proteccionista hacia un modelo de mercado se produzca en las condiciones más favorables para la supervivencia del tejido empresarial y especialmente del comercio de proximidad”.
Por ello, el PSOE pedirá en su Proposición no de Ley que se modifique con carácter de urgencia la Ley de Arrendamientos Urbanos “para facilitar la continuidad, prórroga o subrogación de la actividad comercial de los contratos mediante la instauración de un régimen transitorio que permita el establecimiento de un sistema de actualización de las rentas que garantice la equidad entre las partes. También solicitan medidas para evitar conductas especulativas por parte del arrendador como la presentación de oferta obligatoria por parte del propietario al inquilino, que sirva como base de la indemnización recogida en la disposición transitoria tercera.
El grupo parlamentario reclama además que se abra una línea de crédito ICO que facilite el traslado, reforma y adaptación de locales para aquellas empresas afectadas por la finalización de la moratoria y un plan de protección del patrimonio comercial histórico que ponga en marcha acciones en defensa de la actividad comercial y ayude a conservar el paisaje comercial urbano.
