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No a la privatización en el control de los servicios de seguridad exterior en la cárcel de Albolote
El sindicato CCOO ha informado de que, desde principios de octubre, el Centro Penitenciario de Albolote (Granada) está siendo controlado por vigilancia privada en la seguridad exterior del recinto, lo que a su juicio forma parte de un proceso que “pretende, paulatinamente, regalar la seguridad pública al lobby de la seguridad privada, vinculado en sus intereses con el Gobierno”.
Concretamente, desde la semana pasada, diez miembros de seguridad privada vigilan los exteriores de la cárcel, “mermando la existencia de la Guardia Civil en el lugar”, según ha detallado CCOO, que rechaza esta situación manifestando que la seguridad privada es más cara que la pública.
Advierte asimismo de que la seguridad privada “accederá a datos especialmente sensibles para la seguridad pública, sin ningún control de uso por parte del Estado”.
El sindicato denuncia que esta acción no es un hecho aislado y “responde a un intento de privatizar la mayor parte del servicio público de prisiones”, pues el total de las prisiones españolas, salvo el País Vasco y Cataluña, están viviendo la misma realidad.
El Centro Penitenciario de Albolote cuenta con 1.491 internos, los cuales están custodiados por 460 funcionarios. Es decir, por cada funcionario hay más de tres internos cuando la media europea se sitúa en menos de dos internos por funcionario. Además, la inexistencia de oferta de empleo público hace que existan 25 vacantes sin cubrir.
El envejecimiento de la plantilla de funcionarios que trabajan en la cárcel de Albolote también es un factor que preocupa a CCOO, pues la media de edad está por encima de los cincuenta años.
CCOO rechaza totalmente la apuesta del Gobierno por privatizar las cárceles, al considerar que “privatizar el cumplimiento de las penas supone mercantilizar la condena y supondría alterar el mandato constitucional de reinserción social”.
