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Piden cárcel por prevaricación para el arquitecto municipal de Monachil
La Fiscalía de Granada ha solicitado veinte meses de prisión y diez años de inhabilitación para el exarquitecto municipal de Monachil, acusado de un delito de prevaricación urbanística por permitir la ejecución de cinco proyectos con irregularidades.
Según el escrito del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Efe, el acusado Alfonso M. C., que fue arquitecto municipal de Monachil entre 2003 y 2009, informó de manera favorable para conceder licencias de obra y primera ocupación de promociones que no se ajustaban a la normativa urbanística.
El acusado permitió así la construcción de 18 viviendas en la calle Tejares del municipio, a pesar de que la empresa responsable de las obras no presentó un proyecto de ejecución, cometía irregularidades y no se ajustaba a las normas subsidiarias vigentes en el municipio.
Un cambio en el equipo de Gobierno y las numerosas denuncias de los vecinos de esa calle provocaron un nuevo informe urbanístico, aunque el acusado omitió las irregularidades, por lo que la promoción de viviendas se construyó.
El acusado, “actuando con manifiesto incumplimiento de las obligaciones propias de su cargo” según la Fiscalía, tampoco presentó el informe sobre las irregularidades urbanísticas de otra promoción de 32 viviendas en la calle Madrid, que superaba la altura permitida, la alineación con la calle y otras exigencias.
Un tercer proyecto de viviendas, aparcamientos y trasteros en la calle Rocío del municipio serrano superó también la edificabilidad permitida e incumplía las normas urbanísticas sin que el acusado presentara reparo alguno.
La falta de un informe sirvió, por silencio administrativo, para que una promoción de apartamentos lograra la licencia de primera ocupación a pesar de no adecuarse al proyecto inicial y sumar edificaciones anexas.
El acusado permitió además la demolición de un edificio para construir 12 viviendas, trasteros y aparcamientos sin los preceptivos informes e incumpliendo la normativa vigente.
La Fiscalía ha calificado los hechos como un delito continuado de prevaricación urbanística, por lo que ha solicitado diez años de inhabilitación especial para su cargo y empleo público y 20 meses de prisión.
El acusado será juzgado por estos hechos el próximo 21 de octubre en la Sala Primera de la Audiencia de Granada.
