IU pide alternativas para un anciano que va a ser desalojado

El grupo de IU en el Ayuntamiento de Granada ha reclamado a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (Emuvyssa) que ofrezca alternativas de alojamiento a un anciano de 82 años que padece “una grave enfermedad” y que será desalojado de la vivienda municipal en la que habita en cumplimiento de una orden judicial.

El portavoz del grupo, Francisco Puentedura, ha explicado a Europa Press que el desalojo de este vecino, que habita en un vivienda propiedad de Emuvyssa en régimen de alquiler, se ejecutará este miércoles a raíz de la demanda interpuesta por la comunidad de vecinos del edificio ante un problema “de convivencia”.

Según sus datos, se trata de una persona en situación de dependencia que padece una “grave enfermedad” y cuyos ingresos no superan el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), motivos por los que “estaba en derecho de un alquiler protegido de 150 euros de por vida” que “ha pagado religiosamente”.

Aunque ha dicho entender que la sentencia deba ser cumplida, pese a no compartirla, Puentedura ha censurado que durante el tiempo que se ha prolongado el conflicto “no se haya producido la intervención de los servicios sociales” ni se hayan ofrecido alternativas de alojamiento cuando la empresa municipal “tiene 42 viviendas vacías en la ciudad”.

Puentedura ha precisado que “la única oferta” que ha recibido de Emuvyssa se ha producido este martes y “no es viable” para esta persona, pues se le ha ofrecido una vivienda en un residencial distinto al que vive y con un alquiler mayor que el actual, de unos 300 euros.

En este sentido IU ha instado a Emuvyssa a que facilite un domicilio que se ajuste a las necesidades de esta persona y que las viviendas vacías de titularidad municipal se destinen al alquiler social para atender “situaciones de emergencia social” como esta, en vez de ser “guardadas para especular con ellas”.

Emuvyssa no comparte la urgencia del desalojo al anciano enfermo y afirma que ha mediado para buscar soluciones

La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Granada (Emuvyssa) no comparte la “urgencia” del desalojo de un anciano de 82 años de una vivienda de titularidad municipal y afirma que sus servicios sociales han mediado para lograr buscar una solución viable” y “encontrar una alternativa de realojo al afectado”.

La concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, ha explicado que el desalojo de este inquilino de una vivienda del Reina Victoria, en San Ildefonso, responde a una orden judicial dictada tras la demanda interpuesta por la comunidad de propietarios “basada en la conducta antisocial del inquilino, así como en las actividades molestas e insalubres desarrolladas por el mismo que venían causando desde hace años problemas de convivencia”.

Desde Emuvyssa, si bien se reconoce la conducta inapropiada del inquilino, se ha instado a la comunidad de propietarios a que pospongan la ejecución de la sentencia ante su avanzada edad, sin embargo la solicitud de ejecución de la sentencia fue ya acordada por los vecinos en junio.

Posteriormente, al tener conocimiento de la fecha de lanzamiento, la empresa ha solicitado sin éxito una nueva reunión extraordinaria de la junta general de la comunidad para permitir que los hijos del inquilino puedan exponer su situación médica, petición que tampoco ha sido atendida.

Nieto ha explicado que “dada la avanzada edad del inquilino, los servicios sociales de Emuvyssa han mediado para lograr buscar una solución viable y encontrar una alternativa de realojo al afectado”.

Para ello se le han ofrecido las dos opciones existentes: las viviendas de alquiler de VPO que actualmente tiene Emuvyssa o bien las viviendas de la Junta de Andalucía del programa de alojamientos provisionales para personas en riesgo de exclusión social y con orden de lanzamiento inminente, algo que el inquilino solicitó ya el pasado 6 de octubre.

“Todas las viviendas en régimen de alquiler social de las que Emuvyssa es propietaria ya fueron arrendadas mediante el procedimiento de selección para la adjudicación en régimen de alquiler para personas desahuciadas”, ha indicado.

Actualmente las viviendas disponibles son viviendas de protección oficial, que requieren la inscripción previa en el registro de demandantes de viviendas y el presente caso está exento de inscripción por tratarse de una persona en riesgo de exclusión social, según ha detallado la edil.