El Juzgado de lo Penal 3 de Granada acoge este jueves, a las 10,00 horas, el juicio contra dos guardas acusados de agredir a un agricultor cuando iba a recoger setas en la finca del duque de Wellington, en Íllora.
La vista estaba prevista para el día 7, si bien fue aplazada por la ausencia de un testigo, considerado clave por la acusación particular, puesto que al parecer presenció la agresión. Entonces, tanto la acusación particular como la defensa intentaron alcanzar un acuerdo con la Fiscalía que evitara la celebración del juicio, si bien el consenso no fue sido posible, por lo que decidieron continuar adelante adelante.
La Fiscalía de Granada sólo acusa a uno de los guardas, para el que pide nueve meses de prisión y el pago de una indemnización de 3.860 euros para el agredido, pero también atribuye una falta de lesiones al agricultor, que se enfrenta por ello al pago de una multa de 450 euros y el pago de una indemnización a uno de los guardas en 200 euros. Por su parte, la acusación particular, que ejerce el agricultor, pide hasta dos años de cárcel para cada uno de los guardas.
Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a las 17,00 horas del 18 de noviembre de 2012, cuando uno de los guardas del coto vio llegar a la finca privada al agricultor, Juan M.V.A., que no era la primera vez que entraba, y los dos empezaron a discutir “dando fuertes voces”.
Durante el transcurso de la discusión, ambos, “con la intención de atentar contra la integridad física de la otra persona”, empezaron a propinarse empujones, puñetazos y golpes, y se cayeron al suelo, donde continuó la pelea, hasta que el otro vigilante “los separó”, según el fiscal.
Como consecuencia de la trifulca, el guarda, José R.G., sufrió policontusiones múltiples, mientras que el agricultor tuvo fractura de la nariz, de una costilla, de la falange de una mano.
Este caso iba a juzgarse como un juicio de faltas, si bien el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Loja acordó la suspensión por si los hechos podrían constituir un delito de lesiones, lo que finalmente se decidió, señalándose la nueva vista por ello para octubre.