El exarquitecto municipal de Monachil, acusado de un delito de prevaricación urbanística por permitir la ejecución de cinco proyectos con irregularidades, ha defendido hoy la legalidad de todas sus actuaciones y ha argumentado que el Ayuntamiento puso otro arquitecto por desconfianza hacia él.
La Audiencia de Granada ha acogido hoy el inicio del juicio contra Alfonso M.C,, un exarquitecto municipal de Monachil para el que la Fiscalía ha solicitado veinte meses de prisión y diez años de inhabilitación por la gestión en cinco proyecto urbanísticos.
El acusado, que ejerció como arquitecto municipal entre el 2003 y el 2008, ha defendido la legalidad de su proceder en cada uno de los cinco proyectos con presuntas irregularidades y ha asegurado que todos se adaptaban a las normas urbanísticas del municipio.
En un primer proyecto de 18 viviendas, el acusado ha reconocido que la empresa no presentó el proyecto de ejecución, lo que ha considerado que se subsanaba con aportar la documentación, y ha asegurado que el edificio se adaptaba a las Normas Subsidiarias.
Tras numerosas denuncias de los vecinos de la calle de este edificio y por un cambio en el equipo de Gobierno, el Ayuntamiento encargó un nuevo informe urbanístico a un arquitecto asesor que no evitó que se construyera esta promoción de viviendas.
El acusado ha apuntado que el alcalde “desconfiaba” de él, por lo que contó con un arquitecto asesor, con el que coincidió en apuntar que la rasante del edificio estaba mal, lo que hizo constar en su informe según ha declarado hoy.
Según la Fiscalía, el acusado tampoco presentó el informe sobre las irregularidades urbanísticas de otra promoción de 32 viviendas en la calle Madrid, que superaba la altura permitida, la alineación con la calle y otras exigencias.
El acusado ha asegurado que las deficiencias se subsanaron, por lo que ofreció informe favorable a la licencia de obras, y ha negado que superara la altura permitida como apuntó el asesor.
En un tercer proyecto ha detallado que lo visitó con las obras terminadas para analizar la licencia de primera ocupación y que detectó “algunas cosas” que no se ajustaban a la legalidad, como la modificación de la rasante, de las que alertó de forma “oral”.
Ha defendido que en su trabajo plasmó el exceso de edificabilidad de otro proyecto y que autorizó un quinto proyecto porque la empresa subsanó las deficiencias, con lo que ha asegurado que actuó según marcan las normas urbanísticas de Monachil.
La Fiscalía ha calificado los hechos como un delito continuado de prevaricación urbanística, por el que solicitado diez años de inhabilitación especial para su cargo y empleo público y 20 meses de prisión.
El juicio continuará con la declaración de nuevos testigos el próximo viernes en la Sala Primera de la Audiencia de Granada.