Mayte Olalla entiende que las bases son ilegales y que el sistema utilizado quiere favorecer que se mantengan “los cortijos que montan unos y otros”.
El grupo municipal de UPyD en el Ayuntamiento de Granada va a impugnar las bases del concurso oposición por el que se pretende convertir en funcionarios a treinta trabajadores laborales fijos del Consistorio.
Mayte Olalla, concejal y portavoz de la formación, entiende que estas bases son “absolutamente ilegales” porque no cumplen los criterios de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades que deben regir en todos los procesos de acceso a las administraciones públicas.
En concreto, Olalla señala que 23 de esos puestos “vienen de la antigua Gerencia de Urbanismo” y que tiene constancia de que casi todos los que los ocupan “se examinaron en su día de la mitad de los temas que exige la ley para acceder a un puesto de funcionario”.
La cosa sería más grave si, como teme UPyD, también participan los ocho trabajadores que según denunció este partido en marzo, pasaron de laborales temporales a fijos “presentando sólo una memoria y un caso práctico”.La concejal ha pedido por escrito que se informe de la forma de acceso a estos puestos de cada una de las personas que lo ocupan y los procesos selectivos y de oposición que han pasado “porque en todo este asunto reina el secretismo”.
Según consta en el decreto de Alcaldía que autoriza este proceso de conversión a funcionarios, se trata de un concurso oposición que, en opinión de UPyD, no cumple con la legalidad “porque en la fase de oposición, dicha sea la palabra entre muchas comillas, lo que le piden al aspirante es que presente un trabajo, o incluso vale con una memoria que hable de lo que consiste su puesto, y que luego la exponga ante un tribunal”.
“Es una vergüenza, como lo es que desde los sindicatos nos digan que eso siempre se ha hecho así, que es lo normal. Lo será, como muchas cosas de este país que han llevado al descrédito de las instituciones, de los partidos políticos y de los sindicatos”, enfatiza la concejal.
Añade que, a la vista de estos hechos, no le parece casual que en la calle “se tenga la sensación de que uno puede entrar en la administración pública, especialmente en la local, si tiene un padrino, tras hacer unas oposiciones que no son tales, con unos exámenes irrisorios y/o con un temario que es la mitad de lo que exige la ley”.
UPyD sabe que está solo en esta pelea. Desde el Auntamiento se le está negando información acerca de la legalidad del proceso; la edil ha pedido que a Secretaría se haga un informe “y se niegan porque dicen que para dárnosla tiene que pedirla la cuarta parte de los concejales”, pero asegura que no se va a callar ni va a consentir esas irregularidades. “Porque esto huele muy mal y porque pensamos que ya está bien de los cortijos que se montan unos y otros, ya está bien de ningunear a la ciudadanía”, advierte.