El exalcalde de Santa Fe defiende su actuación en la contratación de personal

El exalcalde de Santa Fe Sergio Bueno (PSOE), que ha declarado este miércoles ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la localidad, como imputado por un posible delito continuado de prevaricación en la contratación temporal de al menos 200 personas sin expediente y contra el criterio impuesto por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, ha defendido su actuación negando cualquier actuación delictiva.

En su declaración judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, el exregidor ha señalado además al concejal de Empleo en el Ayuntamiento, Rafael Rodríguez Alconchel (IU), como responsable de la contratación de trabajadores con carácter temporal, ya que este asunto es de su “competencia exclusiva”, según ha dicho.

Bueno ha señalado que el proceder del Ayuntamiento no contravenía los criterios establecidos en el nuevo marco legal y “cumplía fielmente la exigencia de control del gasto público requerida por el Gobierno”. No obstante, ha admitido que antes de 2013 no existió decreto alguno o resolución para la aprobación de la contratación, porque “en ningún momento” se advirtió así por parte de la secretaria accidental.

Fue en febrero de 2013, cuando, por recomendación de la secretaria, que sustituyó a la anterio, se determinó la necesidad de adoptar un acuerdo por el que se prefijasen los servicios esenciales en el normal desenvolvimiento de la administración local, y en junio de 2013 ya se dictó esa resolución.

Además, ha explicado que para la contratación de peones durante los años 2012-2013 se efectúa por el Ayuntamiento una oferta pública de empleo que se remite al Servicio Andaluz de Empleo, que después facilita al ente municipal un listado de personas que podrían cubrir esos puestos de trabajo, negando que alguna de ellas sea allegada al equipo de gobierno.

Por otro lado, ha reconocido que sí conocía que para las contrataciones había informe desfavorable del interventor municipal pero afirmando que dichos informes no tenían carácter vinculante, y que no se eran desfavorables “sino de consulta sobre la afectación de tales contrataciones podrían tener sobre el presupuesto del Ayuntamiento”.

El caso fue denunciado por la Fiscalía, que sostiene que el regidor, “siguiendo un plan preconcebido” realizó, al menos durante los dos primeros meses del año 2012, unos 200 contratos temporales, pese a que la Subdelegación del Gobierno en Granada le alertó de que podía vulnerar el decreto ley puesto en marcha por el Gobierno para la corrección del déficit público (que impedía la contratación temporal), y de que la Secretaría General del Ayuntamiento había emitido un informe en el que advertía de que esa contratación no podía llevarse a cabo.

Sin embargo, los populares, personados en este asunto como acusación particular, indicaron en su ampliación de denuncia, después aceptada, que las contrataciones presuntamente irregulares “no sólo se han llevado a cabo en el ejercicio 2012, sino que se han seguido realizando durante el ejercicio 2013 y hasta el mes de marzo de 2014”.

“AUSENCIA” DE EXPEDIENTES

Todas las contrataciones objeto de investigación, en el marco de un plan social de empleabilidad y lucha contra la crisis aprobado por la Junta de Gobierno Local el 30 de diciembre de 2011 –la misma fecha del decreto del Gobierno–, se hicieron, según el fiscal, “sin la tramitación del correspondiente expediente” que acreditara la excepcionalidad de la contratación para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, como establecía el decreto ley del Gobierno.

También se hicieron con “ausencia de todo tipo de expediente instruido al efecto en el área de Servicios Sociales” en el que se hiciera constar los datos económicos, familiares, sociales o de cualquier otra índole de las personas contratadas.

No obstante, “presuponiendo” que se contratasen personas con riesgo de exclusión social, como así aseguró el alcalde, “se desconoce si en la contratación se han cumplido los principios de publicidad e igualdad” exigidos en este caso. Además, esas contrataciones no se financiaron con cargo al presupuesto de gastos, que las habría permitido, y tuvieron informe desfavorable del técnico de administración general, o sin su dictamen.

Estos hechos podrían constituir un delito continuado de prevaricación porque, según el Ministerio Público, existen indicios de que el alcalde actuó “a sabiendas de la injusticia” que estaba cometiendo, en un decreto firmado por la fiscal jefe provincial de Granada, Ana Tárrago, con fecha 10 de octubre del pasado año.