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IU pide una tarjeta de transporte para personas con movilidad reducida
La concejal de IU en el Ayuntamiento de Granada Maite Molina llevará a Pleno una propuesta para pedir al equipo de gobierno, del PP, que implante una nueva modalidad de tarjeta de transporte público que dé cobertura a las personas con movilidad reducida con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
La federación de izquierdas recuerda que dentro de las modalidades de tarjetas para el transporte público las hay para pensionistas, jóvenes y universitarios, pero existe un núcleo muy importante de población con movilidad reducida que no cuenta con una específica.
En otras ciudades como Málaga sí existe y en Granada sería muy bien recibida por estas personas “que tienen enormes dificultades para moverse y cuya concesión estaría sujeta a determinados requisitos como la renta mensual”.
De acuerdo a datos oficiales del Centro de Valoración de Minusválidos, organismo dependiente de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, llegaría a 8.771 personas, de las que 4.595 son hombres y 4.176 mujeres.
La edil de IU ha reseñado que en Málaga se piden requisitos como estar empadronado en la ciudad, disponer de una renta mensual igual o inferior a 700 euros brutos mensuales, y un coste de 12 euros válido para 25 viajes, aunque Molina ha considerado que, de implantarse en Granada, las condiciones deberían negociarse de forma participada con los colectivos de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
Además, ha señalado que “estamos hablando de una realidad precisa y justa, ya que según los datos de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales son aproximadamente unas 2.000 personas las que tienen tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida en la ciudad, por lo que cerca de 7.000 podrían beneficiarse de la tarjeta para el transporte público”.
“INCIDENTE IMPRESENTABLE”
Por otra parte, la edil se ha referido a un acontecimiento “impresentable” en el que, según relata, una mujer invidente tuvo un altercado en un vehículo de la Línea de Alta Capacidad (LAC) cuando al pasar la tarjeta y no ver ni oír que había sido validada, pensó que el proceso de acceso al autobús estaba correcto.
“Su sorpresa llegó cuando un inspector de la LAC le puso una multa sin más documento oficial que un ticket en el que constaba recargo extraordinario por 40 euros que tuvo que abonar inmediatamente”.
Para Molina, este suceso es una “vergüenza” y pone de manifiesto que la accesibilidad para personas con discapacidad audiovisual no se cumple dentro este nuevo sistema de transporte, ya que las máquinas de pago de la LAC no están adaptadas a personas invidentes y no tienen sistema ‘braille'”. Asimismo, reclama que se establezca una forma de pago de la sanción que no sea inmediato ante la posibilidad de falta de liquidez en ese momento.
