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Aplazan el juicio con el exalcalde de Agrón acusado de prevaricación
La Audiencia de Granada ha aplazado hasta el próximo 30 de enero el juicio previsto para hoy contra el exalcalde de Agrón el independiente Guillermo López, para unir una pieza separada del juzgado de Instrucción 2 de Loja a la causa por la que se enfrenta a tres años de cárcel por prevaricación urbanística.
La Sala Primera de la Audiencia de Granada ha aplazado el juicio contra Guillermo López (Independientes por Agrón) a petición de la Fiscalía, a la que se han adherido tanto la defensa del exalcalde como la representación del Ayuntamiento granadino.
El Ministerio Público, que solicita una pena de tres años de cárcel y otros diez de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación urbanística, ha recalcado la necesidad de sumar la documentación de las licencias y proyectos de obras que acumula el juzgado de Instrucción 2 de Loja en una pieza separada.
El presidente de la Sala ha acordado librar un auto para solicitar la documentación de la pieza separada antes de la celebración del juicio, cuyos hechos se remontan a diciembre del 2006, cuando el acusado era alcalde y aprobó las licencias necesarias para que una promotora construyera en dos calles viviendas y bajos de diversas alturas.
Según la Fiscalía, el acusado concedió la licencia para siete viviendas “sin contar con el preceptivo informe jurídico” y sin que la promotora presentara al Ayuntamiento ni el proyecto básico ni el de ejecución para las viviendas.
Tras la licencia, el 30 de enero del 2008 el Consistorio recibió un informe técnico de la Diputación de Granada que resaltaba que el proyecto no se ajustaba a la legalidad urbanística, por lo que pedían como medida cautelar la paralización de los trabajos que se estaban ejecutando hasta aplicar medidas correctoras.
El acusado acordó mediante decreto la paralización de los trabajos, aunque impuso al secretario del Ayuntamiento y a la auxiliar administrativa que no se notificase dicha decisión a los interesados para permitir así que se finalizase la construcción de los edificios.
Entre los reparos detectados en el proyecto, la promoción superaba la altura y la ocupación máximas permitidas en el municipio, además de incumplir las condiciones higiénicas y no ajustarse en su cubierta a la normativa local.
El Ministerio Público ha calificado los hechos como un delito continuado de prevaricación urbanística por el que ha solicitado tres años de prisión, diez años de inhabilitación para cargo público y el pago de una multa de 7.200 euros.
De manera alternativa, la Fiscalía ha considerado que el exalcalde cometió un delito de prevaricación urbanística y otro de prevaricación ordinaria, por los que ha pedido dos años de prisión y 16 de inhabilitación, junto a una multa de 6.120 euros.
