Los servicios sociales municipales, a debate en el próximo pleno

El grupo de IU en el Ayuntamiento de Granada ha registrado una moción para pedir en el próximo pleno que el equipo de gobierno (PP) inicie los trámites establecidos por parte de la Junta para garantizar la asunción y continuidad de las competencias en materia de Servicios Sociales que la ley de reforma de administración local pretende eliminar a los consistorios.

De este modo y, según explica el portavoz municipal de la organización de izquierdas, Francisco Puentedura, lo que se pretende es que el Ayuntamiento defienda los servicios sociales como competencias básicas municipales que deben “blindarse”.

A su juicio, la Ley de Reforma de la Administración Local supondrá el “desmantelamiento efectivo” de los servicios sociales, que deben regirse por el principio de “solidaridad y no volver a los tiempos de la beneficencia y la caridad”.

IU afirma que desde 2011 se vienen produciendo recortes en las plantillas de los programas de Servicios Sociales del Ayuntamiento que están cofinanciados con la Junta y en la actualidad más de un centenar de trabajadores desempeñan su labor “con la incertidumbre de no saber si los convenios con los que se realizan sus contratos y con los que se establecen estos servicios se renovarán”.

Réplica municipal

El concejal de Familia y Bienestar Social en el Ayuntamiento de Granada, Fernando Egea, ha señalado que los servicios sociales están garantizados con la reforma de la administración local y ha adelantado que el equipo de gobierno, del PP, se opondrá a la moción presentada por IU en este sentido.

Para Egea la ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local es “totalmente necesaria y pertinente, ya que no sólo garantizará los servicios sociales sino que obligará por fin a la Junta de Andalucía a financiar a los ayuntamientos de un modo suficiente, es decir, a asegurar su aportación para la prestación de estos servicios, y no como han hecho hasta ahora”, ha señalado en un comunicado.

En respuesta a la acusación de IU de que la nueva ley pretende “el desmantelamiento” de los servicios sociales, Egea ha pedido “que deje de engañar a los ciudadanos y diga la verdad: es la Junta de Andalucía, sus socios en el gobierno autonómico, los que están asfixiando a los ayuntamientos asignándoles competencias que no van acompañadas de presupuesto ni del personal necesario; a partir de la nueva ley se van a garantizar los Servicios Sociales de tal manera que se exigirá un convenio que asegure al ente local una financiación suficiente”.

Al referirse al caso concreto de Granada, Egea ha asegurado que “la situación de exceso de trabajo de los Servicios Sociales es consecuencia de la nefasta gestión de la Junta de Andalucía que, por ejemplo, ha puesto en marcha dos decretos de fomento de empleo y dos decretos, uno de exclusión y otro de inclusión en los dos últimos años, sin medidas de apoyo a los Ayuntamientos para la gestión de todo el proceso.”

“Es el gobierno del PP en el Ayuntamiento el que está manteniendo los servicios sociales, mientras que la comunidad autónoma los está bloqueando. Así, a pesar de los recortes abusivos de la Junta, desde el Consistorio se han mantenido todos y cada uno de los puestos del personal, con contratos a jornada completa. Es rotundamente falso que se haya recortado plantilla”.

Al respecto de las acusaciones de recortes y de falta de continuidad en los programas, Fernando Egea ha dicho que quien ha recortado ha sido la Junta, mientras que el Ayuntamiento ha incrementado sustancialmente su aportación económica para mantener a todos los profesionales de servicios sociales y todos los contratos se están prorrogando a la fecha de su vencimiento.

“La incertidumbre es la que genera la Junta, que no se ha pronunciado aún sobre si mantiene la aportación económica o no en los programas de refuerzo de personal de la Dependencia, cuyos contratos finalizan el 31 de diciembre próximo, o que aún no ha dictado resolución definitiva para su aportación económica a los contratos de los profesionales de Zonas de Necesidad de Transformación Social que el Ayuntamiento prorrogó el pasado 16 de octubre aún sin dicha resolución”.