La Diputación aprueba su inclusión en el clúster de Padul

El pleno de la Diputación de Granada prevé aprobar este jueves, por unanimidad de todas las fuerzas políticas de la corporación, PP, PSOE e IU, la incorporación de la institución en el órgano director del clúster energético de Padul, con un presupuesto de 1,3 millones en el marco del proyecto europeo Mas+Sur.

“Es el órgano que controlará, regirá y coordinará este conglomerado de empresas relacionadas todas con el sector de la construcción y las energías renovables”, que apostarán por “un nuevo modelo constructivo”, según ha señalado en rueda de prensa el portavoz del equipo de gobierno provincial, José Torrente, que ha dado cuenta de los principales asuntos que abordará la sesión ordinaria de pleno,

Torrente ha informado también del periodo medio de pago a proveedores, que se sitúa en el último trimestre en 23,72 días, por debajo de los 30 días que exige la ley. Baja el periodo medio de pagos pendientes, desde los 16 hasta los 10,83 días. Son datos que “nos permiten que la Diputación tenga esas posibilidades de financiación que la ley habilita una vez cumplidos todos los parámetros de morosidad y de equilibrio financiero”, ha indicado el portavoz.

“Los proveedores están viendo cómo nosotros sí cumplimos con el periodo de pago”, ha afirmado José Torrente que se ha congratulado además del ejercicio de transparencia que con este informe periódico de Intervención que “los que gobernaban antes en esta casa no hacían”.

Entre las mociones de apoyo a la acción de gobierno destaca la que solicita al Gobierno andaluz la readmisión de los 142 agentes locales de promoción de empleo (ALPES) de la provincia. “El Partido Popular trae una moción por el que se pide a la Junta de Andalucía que cumpla la sentencia por la que se le obliga al reingreso en sus puestos de trabajo”, ha explicado Torrente que ha reseñado la importancia de “este instrumento que los municipios de Granada han tenido a su disposición para abrir las expectativas de empleo” permitiendo “a los emprendedores acudir a ayudas públicas y a perfeccionar sus ideas”.

“Fue cerrado de un portazo, esto sí que fue un recorte de la Junta de Andalucía”, ha indicado el portavoz, quien ha pedido que “no se dilate más” el proceso de readmisión, un retraso que supone en el ámbito autonómico un coste en salarios de tramitación de 70.000 euros diarios sin contraprestación pública alguna. Se traduciría en un coste anual de más de 25 millones de euros.

Además la corporación provincial, en la línea de lo que están promoviendo otras instituciones como el Ayuntamiento de Granada, mostrará su apoyo con una declaración institucional a los comercios de renta antigua afectados por el fin de la moratoria de la Ley de Arrendamientos Urbanos incidiendo en la necesidad de un sistema de actualización de alquileres, el impulso de líneas ICO y la revitalización del patrimonio cultural adherido a los comercios tradicionales en las cabeceras comarcales de la provincia.

Asimismo, apoyará la petición a los Gobiernos andaluz y de la Nación para que se reduzca el número de peonadas necesarias para acceder a los subsidios del PFEA para paliar de este modo los efectos de la sequía que afecta a la provincia y, por tanto, a cosechas como la de la aceituna. Los grupos con representación en el pleno provincial trabajan, además, para consensuar, como en el resto de diputaciones andaluzas, la declaración institucional del 25 de noviembre Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer.