La Diputación de Granada ha celebrado este jueves un pleno ordinario en el que se ha aprobado por unanimidad la moción presentada por el equipo de gobierno para solicitar a la Junta de Andalucía el cumplimiento de las sentencias dictaminadas por el Tribunal Supremo que obligan a la readmisión de 142 agentes locales de promoción de empleo (ALPE) de la provincia.
Una representación de este colectivo de profesionales ha estado presente durante la sesión plenaria, en la que el presidente de la institución provincial, Sebastián Pérez, ha propiciado el acuerdo entre los grupos políticos para esta declaración institucional aprobada por unanimidad.
El portavoz del equipo de gobierno de la Diputación, José Torrente, ha señalado que “este grupo de trabajadores está esperando que se cumpla” este mandato judicial, remarcando que “el trabajo de los ALPE es imprescindible para el desarrollo local”, por lo que “creo que su despido fue un error”.
En esta misma línea, Torrente ha añadido que “el reingreso de estos profesionales significa directa e indirectamente generar empleo” y ha subrayado al inicio de su intervención la importancia de “estar todos de acuerdo en esta moción si queremos el bien y el progreso de la provincia”.
El retraso en el proceso de readmisión supone en el ámbito autonómico un coste en salarios de tramitación de 70.000 euros diarios sin contraprestación pública alguna, o lo que es lo mismo un coste anual de más de 25 millones de euros. Pese a este gasto, “la sociedad no disfruta de este servicio”, ha remarcado el portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación Provincial que ha dicho que las sentencias a las que se enfrenta la Junta de Andalucía “hay que cumplirlas por lógica social y jurídica”.
Los grupos con representación en el pleno provincial también han consensuado, como en el resto de diputaciones andaluzas, la declaración institucional del 25 de noviembre Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer.
Además, en la sesión plenaria se ha aprobado por unanimidad la integración de la Diputación en el órgano director del clúster energético de Padul promovido por la institución provincial con un presupuesto de 1,3 millones en el marco del proyecto europeo Mas+Sur. Dicho órgano controlará, regirá y coordinará este conglomerado de empresas relacionadas todas con el sector de la construcción y las energías renovables.