La capital aborda este viernes en pleno el conflicto de la Azulejera y la Ley de Arrendamientos Urbanos

El Ayuntamiento de Granada aborda este viernes en pleno ordinario, a través de diversas mociones, el conflicto urbanístico de la Azulejera y la solicitud de modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos para evitar el cierre de establecimientos comerciales afectados por esta normativa.

Respecto al conflicto de la Azulejera, los grupos municipales de PSOE, IU y UPyD defenderán una moción conjunta en la que exigen al equipo de gobierno (PP) soluciones para las familias afectadas por lo que califican de “fraude urbanístico”, pues creyeron en su día en el Ayuntamiento y en la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (Emuvyssa), confiaron en que les construirían unas viviendas de protección oficial y a día de hoy, ni tienen casa ni les han devuelto el dinero que pusieron, que asciende a 244.000 euros.

En su moción, los portavoces de los grupos, Francisco Cuenca (PSOE), Mayte Olalla (UPyD) y Francisco Puentedura (IU) recuerdan que fue la propia Emuvyssa la que escogió la empresa que debía desarrollar el proyecto urbanístico, un conjunto de 125 viviendas protegidas en la zona Norte. Esa empresa no cumplió con su cometido y las familias se quedaron sin casa “y sin los pocos ahorros que habían podido destinar a su compra”.

Se les convirtió en cooperativistas “de una forma poco transparente” y, ante el abandono de la promoción por parte de la empresa adjudicataria, tuvieron que hacerse cargo ellos mismos de la liquidación. Los tres grupos de la oposición coinciden en que subsanar el daño causado es “una exigencia de justicia”, especialmente porque se utilizó en la comercialización el nombre de una empresa municipal, Emuvyssa, y porque se trata de familias de escasos recursos que sólo aspiraban a una vivienda protegida.

En su moción, PSOE, IU y UPyD proponen que se adopten dos acuerdos: que el Ayuntamiento busque la fórmula jurídica para compensar el cobro del aval más la penalización por no construir las 125 viviendas previstas por la promotora y que el área de Urbanismo devuelva a los afectados la tasa cobrada por la licencia de obras.

RENTA ANTIGUA Y ABSENTISMO

Además, el Ayuntamiento de Granada se convertirá este viernes en el primero del país en aprobar en pleno una declaración institucional que recibirá el apoyo de todos los grupos en la que se insta al Gobierno central a modificar la normativa sobre la renta antigua a fin de evitar “el cierre de miles de establecimientos comerciales y hosteleros”.

Con esta iniciativa el Ayuntamiento de Granada muestra su respaldo a la plataforma ‘No al cerrojazo’, que busca un camino de negociación para que no se perjudique al comercio tradicional y de proximidad, y se garantice la “continuidad” de los establecimientos afectados.

Junto a ello, el PP someterá a aprobación una moción para instar a la Junta a que se arbitren medios para que la justificación del absentismo escolar de los menores, cuando se deba a causas médicas, sea probada por personal sanitario y no por los propios padres o tutores, “causantes en muchos casos de dicho absentismo”.