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La Caja Rural de Granada defiende su actuación “lícita y transparente”
La Caja Rural de Granada, algunos de cuyos directivos en 2007 han sido imputados por la juez que investiga el caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha asegurado hoy que su actuación ha sido “en todo momento lícita y transparente”.
La juez acusa en concreto a tres directivos de la caja de participar en una iniciativa para que la entidad bancaria consiguiera que se amortizara el préstamo que había concedido a la entidad Comercial Alimentaria Dhul a través de la Junta de Andalucía.
La Caja Rural de Granada, que dice no haber recibido aún ninguna notificación oficial al respecto, mantiene en un comunicado que se trató de una operación de financiación donde se anticipó una subvención concedida a un cliente, “subvención autorizada por la Junta de Andalucía, que luego fue cobrada y cancelado el préstamo”.
Explica que es “práctica habitual de todas las entidades financieras proceder al adelanto de un porcentaje de todo tipo de subvenciones otorgadas por los organismos públicos”, ya sean agrícolas, de nueva creación de empresas, medioambientales, sociales o expropiaciones, entre otras.
La entidad agrega que es “requisito necesario” para su concesión que la subvención esté aprobada previamente por los organismos oficiales, y dice que no alberga dudas sobre “la buena fe y correcta actuación” de sus empleados.
