El grupo de IU en el Ayuntamiento de Granada ha presentado 42 alegaciones a las ordenanzas fiscales y al callejero fiscal para 2015 en las que rechaza que se “consolide el incremento brutal del IBI y que el tipo impositivo de este impuesto se retrotraiga a 2007”.
Asimismo, la organización de izquierdas pide la rebaja de la tasa de basura –con la eliminación del incremento de un 7 por ciento del último año– y del resto de tributos municipales, aplicando el IPC interanual para la provincia, que supone un -0,7 por ciento.
Además solicita bonificaciones sociales de un 90 por ciento en el IBI, cuota cero a la tasa de basura y el recibo del agua a desempleados y familias con rentas bajas, así como que se facilite los aplazamientos y fraccionamientos de los pagos de impuestos.
Respecto al callejero fiscal, IU pide en varias de sus alegaciones que se ajuste a criterios de progresividad y a la realidad socioeconómica de los barrios “para conseguir unas ordenanzas fiscales justas”.
La coalición de izquierdas propone también un paquete de medidas de apoyo a los pequeños y medianos comercios que amplíen “la pírrica ayuda que el gobierno municipal da a los establecimientos afectados por las obras del metro a través del IAE, que sólo afecta a quienes tengan una cifra neta de negocio superior a un millón de euros al año”.
En contraposición, propone que se bonifique un 50 por ciento el recibo del agua, IBI y tasa de basura industrial a los comercios afectados por obras, además de un 90 por ciento en el ICIO a los pequeños y medianos comercios que por hacer obras de remodelación en su local se vean obligados a cerrar durante un tiempo.
Además IU plantea una bonificación de hasta un cien por cien en estos tributos a los pequeños comercios que estén en sus dos primeros años de funcionamiento “para ayudar a la consolidación de su actividad económica”.
Otra de las alegaciones presentadas por IU hace referencia a los bienes inmuebles, tanto urbanos como rústicos, de la Iglesia Católica y cualquier otra confesión, planteando la elaboración de un censo municipal de los mismos para que se contabilice “cuánto deberían pagar y se exija al Gobierno Central que elimine la exención de IBI que tienen”.