La portavoz del grupo de UPyD en el Ayuntamiento de Granada, Mayte Olalla, ha retado a los demás partidos representados en el Consistorio, PP, PSOE e IU, y a cualquier otra formación que vaya a concurrir a las próximas elecciones municipales a no incluir en sus listas candidatos imputados en procedimientos sobre delitos que puedan constituir supuestos de corrupción política.
En una propuesta de declaración institucional dirigida a las demás fuerzas políticas del Ayuntamiento, la portavoz de UPyD destaca que es “deber inexcusable de todos los grupos municipales” contribuir a cambiar la actual percepción social de la actividad política, que debe “volver a percibirse como un empeño honorable”.
“La corrupción política frustra la confianza ciudadana en las instituciones, deteriora el Estado de Derecho y el mismo funcionamiento democrático de la sociedad”, continúa la concejal, que entiende que los políticos, que trabajan por el bien común, deben poder ser considerados “como ejemplos a seguir, ciudadanos capaces y honestos, merecedores de respeto y admiración”.
Aunque ya existen en nuestro ordenamiento normas que declaran inelegibles a los condenados por sentencia judicial, en algunos casos aunque no sea firme, UPyD cree que con eso no basta, porque el reproche social se extiende a políticos que aún no han sido condenados pero sí pesa sobre ellos la sospecha de que han cometido un delito en el ámbito de la actividad pública.
“Si todos estamos de acuerdo en que la corrupción está indignando a los ciudadanos, si ningún partido tiene nada que esconder y todos aspiramos a la regeneración democrática, creo que es el momento de que todos se sumen a esta propuesta, tanto los que están representados en el Ayuntamiento como los que aspiran a estarlo”, propone Mayte Olalla, que espera que ese compromiso “lo asumamos todos y no quede en un paripé”.
Si los demás partidos están conformes, UPyD sugiere que esta propuesta institucional se presente y apruebe en el próximo pleno y que así quede constancia de que todos están dispuestos a luchar por el máximo grado de transparencia y por excluir de sus listas a cualquier candidato imputado por un delito relacionado con la corrupción política.