La Diputación pedirá la reprobación del consejero de Cultura por sus declaraciones sobre la candidatura de la Alpujarra a Patrimonio Mundial

El presidente de la Diputación Provincial de Granada, Sebastián Pérez, ha anunciado en el pleno de hoy que el equipo de gobierno de la Institución Provincial llevará a la sesión plenaria de diciembre una moción solicitando la reprobación del consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, por sus últimas declaraciones en relación con la candidatura de La Alpujarra a Patrimonio de la Humanidad.

Este adelanto se ha producido durante el debate de la moción presentada por el equipo de Gobierno para solicitar a la Junta de Andalucía que flexibilice las obligaciones impuestas a los ayuntamientos de los municipios afectados por el Bien de Interés Cultural Sitio Histórico de la Alpujarra Media Granadina y La Tahá.

“Hay una gran farsa” y “no se puede tolerar la mentira sistemática cuando hay documentos oficiales del Gobierno de España que acreditan en las actas que ha mentido total y absolutamente”, ha argumentado el presidente respecto de las declaraciones de Luciano Alonso en el marco de una postura que se debe, según ha destacado también Sebastián Pérez, al “capricho político” de la secretaria provincial socialista, Teresa Jiménez.

En este sentido, Pérez ha remarcado que se siente “orgulloso” por haber “defendido a Granada” en el último tramo de las gestiones para que el expediente de la Alpujarra entrara en la Lista Indicativa para ser declarada Patrimonio Mundial. El presidente ha advertido de que habrá que esperar doce o quince años consiga este reconocimiento de la Unesco “porque no pueden entrar en la Lista Indicativa mientras esté otra de la comunidad autónoma”. Así, ha subrayado que éste es el “daño” que se le ha hecho a la comarca.

El presidente ha destacado su “reconocimiento político infinito” al rector de la Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro, al expresar públicamente que durante 30 meses “ni un alcalde ni un socialista le había dicho que hubiera controversia con el proyecto”. Sebastián Pérez ha tenido palabras de gratitud, así mismo, hacia Francisco Tarifa que ha formalizado la renuncia a su acta de diputado.

Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno, José Torrente, ha defendido la flexibilización de las condiciones que afectan al BIC de la Alpujarra según los criterios establecidos en el Decreto 123/2007 de 17 de abril.

En su defensa de la moción, que ha contado con los votos favorables del PSOE, José Torrente también ha recordado que los ayuntamientos que alegan “desconocimiento” han sido convocados a todas las reuniones celebradas para elaborar la candidatura de La Alpujarra a Patrimonio Mundial en las que han participado 21 de los 27 consistorios implicados en el proyecto. El portavoz ha reseñado, a este respecto, que la postura de los dirigentes del PSOE no ha ido “a favor de la Alpujarra sino en contra de Sebastián Pérez”.

“Llevamos treinta años de pisoteo y maltrato de la Junta de Andalucía a Granada”, ha indicado el presidente al cerrar el debate de la moción en la que el equipo de Gobierno ha propuesto que el hospital del Parque Tecnológico de la Salud lleve el nombre del Doctor Olóriz, Hijo Predilecto de la Provincia, recogiendo la petición de una carta de la Comisión del Año Olóriz. La propuesta se trasladará a dicha comisión, así como a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

En el pleno de hoy ha tomado posesión de su acta como diputado del grupo socialista Rafael Gil Bracero, alcalde de Pulianas. También se ha aprobado en el pleno de hoy la solicitud al Gobierno de ampliación de plazo para poder devolver en veinte años los cincuenta millones de euros de más que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ingresó a la Institución en 2008 y 2009. Una ampliación posible gracias al equilibro presupuestario logrado en este mandato, el cumplimiento de la regla de gasto y el pago en plazo a los proveedores.

El pleno también ha aprobado la puesta en marca de los servicios provinciales de recogida de residuos sólidos urbanos o municipales, que se integrará dentro del servicio de tratamiento de residuos de la Diputación, y del ciclo integral del agua de uso urbano. A través de la economía de escala se busca que los municipios, mediante una gestión coordinada con la Institución Provincial, puedan reducir costes.