La Plataforma de Comerciantes, Industriales y Profesionales Afectados por la Extinción de la Renta Antigua en Andalucía combatirá las consecuencias del ‘cerrojazo’ desde la mediación y medidas legales para evitar coacciones, un asesoramiento que han pedido 500 afectados en tres días.
La Plataforma se ha presentado hoy en Granada con el objetivo de alcanzar una moratoria a la aplicación de la ley de Arrendamientos de 1994, que se aplicará desde el próximo 1 de enero y podrá suponer el cierre de 200.000 pequeños comercios del país.
“El objetivo de la iniciativa es impedir la destrucción masiva de empleo que impondría la entrada en vigor de la normativa”, ha explicado el representante legal de la Plataforma y socio del despacho de abogados Martínez Echevarría, Javier Gutiérrez.
Gutiérrez ha detallado que, en los tres días desde la puesta en marcha del servicio de asesoramiento jurídico, han recibido 500 consultas por las notificaciones recibidas por los afectados, a los que detallarán sus derechos, las condiciones de las negociaciones con los propietarios de los locales y las herramientas para salvaguardar sus negocios.
El representante de la Asociación Centro Abierto de Granada, Ángel Rodríguez, ha recordado que los veinte años de plazo para las negociaciones que se establecieron en 1994 y ahora concluyen se acordaron en un contexto de crisis, “un resfriado al lado de lo que estamos pasando ahora” y que no ha servido para una negociación real entre las dos partes afectadas.
“Estoy convencido de que cuando se hizo, se hizo pensando que ya llegaría alguien a ponerle cordura”, ha explicado Rodríguez, que ha subrayado que la aplicación de la ley supondrá un drama laboral, comercial, económico y “humano, porque mucha gente con edad avanzada se irá al paro con pocas posibilidades de volver a trabajar”.
“Los negocios familiares, de barrios históricos, la mayoría de las veces regentados por personas de larga trayectoria que han resistido a la crisis económica más fuerte jamás conocida, son auténticos héroes empresariales que difícilmente podrán soportar este nuevo zarpazo en forma de ley”, ha apuntado el representante del despacho de abogados.
Aunque las Cámaras de Comercio del país han cuantificado en medio millar el número de negocios afectado por cada capital andaluza, Gutiérrez ha incidido en que a esta cifra se suman los comercios de pequeñas y medianas ciudades.
El despacho Martínez Echevarría ha presentado dos informes al Gobierno central para abogar por una moratoria y ha apuntado que los comerciantes tienen establecidos por ley derechos como indemnizaciones, compensaciones y acceso preferente.
Ha lamentado que ya se han dado casos en los que los comerciantes han recibido coacciones o presiones para forzar el abandono del local.