El PSOE pide a la Diputación ayuda para frenar la pobreza energética

Los socialistas reclaman al Gobierno central que promueva una ley de protección de los consumidores vulnerables y que restituya el bono social de la luz a los más de 1.900 hogares a los que se lo ha hurtado en los dos últimos años.

El grupo socialista de la Diputación de Granada llevará este viernes una moción al pleno de la corporación en la que reclama el apoyo del gobierno provincial del PP para impulsar medidas que frenen la situación de pobreza energética que sufren miles de familias en la provincia. Los socialistas piden además al Ejecutivo de Rajoy que restituya el derecho al bono social de la luz, que ha hurtado a 1.981 familias granadinas.

En concreto, el PSOE pedirá el apoyo del resto de formaciones políticas para instar al Gobierno de España a que, “de forma inmediata”, presente en el Congreso de los Diputados una ley de protección de los consumidores vulnerables y contra la pobreza energética.

La diputada provincial del PSOE Fátima Gómez ha precisado que siete millones de personas en todo el país padecen enormes dificultades para hacer frente al recibo eléctrico al final de mes, “por lo que tienen elegir entre qué cuestiones básicas de subsistencia, muy unidas al desarrollo de una vida digna, pueden permitirse y cuáles no”.

La representante socialista se ha referido además a datos procedentes del Instituto Nacional de Estadística (INE) relativos a las condiciones de vida para detallar que el nueve por ciento de los hogares no puede mantener su casa a una temperatura adecuada, con los riesgos que ello comporta especialmente para las personas con factores de riesgo más alto como niños, ancianos o enfermos.

“Frente a este grave problema se puede mirar para otro lado, plantear una solución coyuntural o adoptar medidas estructurales que remedien situaciones dramáticas que pueden ser evitadas con solidaridad y también con la legislación”, según señalan los socialistas en la moción.

Gómez ha incidido en que la Unión Europea ha instado a los estados miembros a adoptar medidas para proteger a los consumidores más vulnerables y ha promovido legislaciones para garantizar el suministro a un coste asequible y para prohibir la desconexión en periodos críticos. “Mientras diversos países han aprobado normas que protegen a los consumidores más vulnerables, prohibiendo durante el invierno interrumpir el suministro que les pueda dejar sin calefacción, la legislación española se ha limitado a desarrollos absolutamente insuficientes”, ha lamentado.

Ante ello, los socialistas urgen al Gobierno de España a que promueva una ley que solvente los problemas de estas personas y que marque la orientación prioritaria de la Administración a la hora de afrontar las principales causas por las que esa pobreza energética se produce y manifiesta. “Estimamos preciso que se legisle para que el suministro de energía sea un derecho social básico, que los consumidores vulnerables accedan a una tarifa social en función de sus ingresos y no del mercado y, lo más importante, que no haya cortes de suministro en invierno para aquellas personas que se encuentren en situación de pobreza energética”, ha concluido.

Declaración de Florencia

Por otra parte, el grupo socialista presentará otra moción en la que reclamará al gobierno del PP que apoye la Declaración de Florencia, aprobada el pasado 4 de octubre por la UNESCO, y en la que pide que la cultura se sitúe en el centro de las políticas de desarrollo sostenible por su capacidad de crear riqueza y empleo, y también de lograr cohesión social.

La diputada provincial del PSOE Olvido de la Rosa, que defenderá la iniciativa, ha avanzado que su formación reclamará por ello al Gobierno de España la bajada inmediata del IVA para bienes y servicios culturales al 5 por ciento y la elaboración de una auténtica ley de mecenazgo, que permita el estímulo de la demanda cultural y promueva la participación social en la cultura.

Los socialistas piden en la iniciativa al Ejecutivo central que revitalice la estrategia de cuidado y promoción del patrimonio histórico cultural, especialmente de los programas vinculados al 1% cultural, y que se cree una estrategia española de objetivos para la cultura en colaboración con las comunidades autónomas.