La Junta debe a Motril 82.000 euros por las plazas concertadas de la residencia ‘San Luis’

La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales del gobierno regional no ha pagado al Consistorio el último cuatrimestre de 2014 en relación a las plazas conveniadas de personas mayores asistidas en la residencia motrileña.

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha lamentado la actitud que está emprendiendo la Junta de Andalucía contra las personas que más necesidades tienen, en este caso la consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales del gobierno Regional no ha pagado al Consistorio el último cuatrimestre de 2014 en relación a las plazas conveniadas de personas mayores asistidas en la residencia motrileña lo que supone una cuantía de 82.762 euros, sin contar el mes de diciembre.

García Chamorro ha afirmado que mientras desde la Junta de Andalucía “no se hacen los deberes con los mayores” desde el Ayuntamiento a lo largo de 2014 se han desarrollado inversiones por valor de más de 30.000 euros en la residencia de San Luis.

Así, se ha procedido a realizar todas las mejoras necesarias para cumplir con el plan de adecuación propuesto por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía como es la contratación de un servicio de psicología y de fisioterapia. Además, para prevenir la legionelosis se ha instalado un filtro de agua valorado en 400 euros y se han subsanado algunas deficiencias como instalar retenedores en la puertas contraincendios, obras presupuestadas en 6.200 euros o la reparación del suelo que suman otros 904 euros más.

Del mismo modo, la alcaldesa de Motril ha afirmado que es “inadmisible” que mientras hay personas en lista de espera para acceder a una plaza concertada en la residencia de mayores de San Luis, la Junta tenga vacías la mitad de las camas que son de su competencia.

Por último, García Chamorro ha recordado que ha sido durante estos últimos siete años cuando el Ayuntamiento ha afrontado de forma decidida la rehabilitación de la residencia de San Luis dotándola de los servicios más avanzados y el equipamiento necesario para la mejor atención a las personas mayores, por lo que ha instado a la Junta de Andalucía a que asuma sus competencias.