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“El dinero no procedía de la droga”
La Audiencia de Granada ha retomado hoy el juicio aplazado contra 14 acusados de un delito de blanqueo de dinero procedente de droga, que han negado los hechos, han defendido que la adquisición de fincas, pisos, coches y joyas procedía de “ahorrillos” y que la titularidad la asumían por hacerse favores.
La Sección Primera de la Audiencia ha reanudado el juicio suspendido ayer tras el informe del perito forense que ha determinado que uno de los acusados, Miguel A.C., no dispone de las condiciones de salud para afrontar el juicio, por lo que se ha determinado el archivo provisional de la causa contra él.
La principal acusada de blanquear dinero procedente de la venta de droga, Dolores A. T., se ha declarado inocente y ha defendido que las compras que realizó entre 2004 y 2010, por una cuantía superior a los 607.000 euros según la Fiscalía, las pagó con “unos ahorrillos” procedentes de diferentes trabajos.
Dolores ha detallado que vendía “bocadillos, patatas asadas y de todo” en una barriada de Motril y que recibía además 600 euros de la Junta de Andalucía como ayuda por la minusvalía de una de sus hijas.
La acusada ha reconocido algunas de las adquisiciones y ha negado otras, como una finca que ha atribuido a su padre, dos vehículos y un piso ubicado en Motril, y ha asegurado que las joyas y obras de arte halladas en su casa durante un registro policial no eran suyas.
Ha descartado que pagara en efectivo los 27.000 euros de un coche, que puso a nombre de su hija menor de edad “porque era más barato” por su invalidez y sí ha reconocido que compró una finca que puso a nombre del acusado Cristian M.V. porque tenía una multa pendiente y para evitar pagarla “le pedí el favor y me lo hizo”.
Cristian ha dicho que trabajaba haciendo arreglos en la casa de Dolores, que le pidió escriturar la finca a su nombre a cambio de 5.000 euros que nunca cobró, y que estaba valorada en 87.000 euros aunque la escrituraron en 20.000 que se pagaron en efectivo.
Los dos acusados de un delito de blanqueo por imprudencia, un consultor y un asesor fiscal, han defendido que desconocían la procedencia ilícita del dinero usado para comprar esta finca y han subrayado que no sospecharon nada irregular.
En su escrito de acusación, la Fiscalía destacó la “importante repercusión en el patrimonio” de los acusados derivada de la venta de droga y que diseñaron una estrategia para “encubrir” su origen ilícito, para lo que pagaban importante sumas en efectivo y utilizaban a terceras personas como testaferros.
Uno de los agentes que participó en la investigación ha declarado que Dolores y parte de su familia formaban parte de un conocido clan de venta de drogas y que la principal acusada gastó más de 242.000 euros en 2005.
La Fiscalía ha solicitado penas de entre 15 meses y 5 años de cárcel, multas de hasta 700.000 euros y el decomiso de sus bienes, entre ellos una veintena de vehículos, cinco fincas y pisos, joyas y obras de arte en una causa que continuará juzgándose mañana.
