Un alto cargo de CajaGranada declara hoy por la subida de sueldo a un directivo

El presidente de la Comisión de Retribuciones de CajaGranada, Gonzalo Sánchez Vizcaíno, declara este martes como imputado en el caso que investiga el Juzgado de Instrucción 5 de Granada sobre la subida de sueldo del que fuera director general de la entidad, Ramón Martín, tras la denuncia presentada por UPyD contra 15 miembros de su Consejo de Administración, entre ellos su presidente, Antonio Jara.

Sánchez Vizcaíno comparecerá a las 10,00 horas, según informa en un comunicado UPyD, que observó “claros indicios delictivos” en el incremento salarial. De hecho, denunció ante ese juzgado que la mayoría del Consejo de Administración votó a favor de que Ramón Martín percibiera una prima equivalente al 25 por ciento de todos sus ingresos, con carácter retroactivo, y que se le blindara su salario, de 208.000 euros al año, para que pudiera seguir cobrándolo aunque dejara de desempeñar ese cargo, cosa que ocurrió un año y medio después, cuando CajaGranada se integró en el grupo BMN.

Lo que más le llamó la atención a UPyD fue que ese punto se aprobara “en una situación que no lo aconsejaba en absoluto”. Era el 24 de febrero de 2011 y CajaGranada estaba en pleno proceso de reconversión, lo que se tradujo en cierre de oficinas, “traslado forzoso de personal a Madrid”, prejubilaciones, petición de fondos al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

En junio del año pasado, el Juzgado de Instrucción número 5 ya llamó a declarar como imputados por este caso a Antonio Jara, presidente de CajaGranada; Antonio Montilla, secretario y componente del Consejo de Administración, y al propio Ramón Martín.

Ahora hace lo propio con Gonzalo Sánchez Vizcaíno después de que, el pasado mes de diciembre la Sección Segunda de la Audiencia Provincial emitiera un auto en el que observaba indicios de delitos societarios en la importante subida de sueldo respecto a las “ya generosas retribuciones económicas fijas” del director general, y autorizara al juez a seguir investigando y a UPyD a continuar personado como acusación.

La Audiencia entendió que los hechos denunciados podrían tener repercusión penal “al resultar visible y evaluable” el “gratuito perjuicio causado a la entidad y por ende a los clientes depositarios de los fondos, bienes y valores confiados a la administración de la misma”.