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El TSJA anula el traslado de una funcionaria de la Diputación
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha anulado el traslado de una funcionaria de la Diputación de Granada de Órgiva a Albuñol al considerar que no existió una causa excepcional que motivara el cambio de destino, que crearía indefensión en la trabajadora.
La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal andaluz, a la que ha tenido acceso Efe, ha aceptado el recurso interpuesto por la trabajadora y ha revocado la sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Granada que consideró procedente su traslado.
El TSJA ha anulado la resolución de la Diputación de Granada que ordenaba el traslado de la funcionaria del Servicio Provincial Tributario de Órgiva hasta la sede del mismo servicio en Albuñol, cambiando así de la comarca de la Alpujarra a la Costa.
La sentencia reconoce que las administraciones públicas pueden “atribuir a los funcionarios el desempeño temporal en comisión de servicios y en casos excepcionales” que provoque su traslado, aunque incide en que “se ignora” cuál es el caso que motiva el traslado de esta trabajadora.
El pronunciamiento judicial ha apuntado que la orden de traslado no explica los motivos para el cambio de destino de la funcionaria y detalla que se mantendrá “hasta tanto por necesidades del servicio no se resuelva otra cosa”, una argumentación que el TSJA ha calificado de incongruente y que considera genera “indefensión”.
En un comunicado, el PSOE ha considerado que el traslado de la funcionaria respondió a “un destierro” por el cargo de la afectada como concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Órgiva.
La secretaria de Organización del PSOE de Granada, Elvira Ramón, ha apuntado que la sentencia representa un “varapalo” para el gobierno provincial del PP y ha considerado que evidencia que el traslado sólo obedecía a razones “políticas e ideológicas”.
La socialista ha apuntado que el traslado pone de manifiesto la actitud “caciquil” y “dictatorial” del presidente de la Diputación de Granada, Sebastián Pérez, al promover un traslado improcedente que suponía un grave perjuicio para la trabajadora y el normal funcionamiento del Ayuntamiento de Órgiva.
La afectada, la concejal Pilar Manrique, ha señalado que recurrió a los tribunales ante lo que considera un traslado “del todo injusto e improcedente”, ya que se le atribuían temporalmente unas funciones en la oficina de Albuñol, en la que sigue trabajando, que no le correspondían.
Espera ahora que la Diputación de Granada respete la resolución judicial y permita su retorno al puesto de trabajo en Órgiva.
La secretaria de Organización del PSOE ha exigido a Pérez que acate la sentencia judicial, que respete los derechos laborales de los trabajadores y que deje de “humillar y acosar” a quienes no llevan el carné del PP.
