Cetursa-Sierra Nevada ha ampliado la denuncia contra el alcalde de Monachil, Félix Rodríguez (PP), y un técnico municipal en la que, junto a la documentación que avala la legalidad administrativa del restaurante Borreguiles, reclama el levantamiento del precinto de este establecimiento, ya reabierto.
La empresa pública ha informado de que la entrega de esta documentación se ha producido sin que haya sido necesaria ninguna obra ni intervención arquitectónica en el edificio, lo que demostraría la “desproporcionalidad de la medida” municipal a juicio de los técnicos y los servicios jurídicos de Cetursa.
La empresa ha entregado además al juez una valoración del perjuicio económico producido por el cierre del restaurante Borreguiles, adjuntado facturación de temporadas anteriores.
Según Cetursa, la actuación del alcalde de Monachil, que ordenó el cierre cautelar del establecimiento alegando motivos de seguridad, supone “un nuevo capítulo de la persecución” que promueve contra la estación de esquí de Sierra Nevada en general y la empresa pública en particular.
En este sentido ha lamentado que, desde hace dos temporadas, el regidor solo acceda a la estación a pedir dinero, no a prestar los servicios municipales que requiere una parte del término municipal.
Al parecer, el actual alcalde ni siquiera acude a los consejos de administración de una empresa de la que es accionista, según consta en las actas de los últimos seis consejos de administración.
En cambio, ha añadido, “raro es el día” desde hace dos años en que no envía a la Policía Local para inspeccionar establecimientos propiedad de Cetursa y solicitar documentación.
La ampliación de la denuncia se produce a raíz del enfrentamiento generado entre la estación de esquí y el consistorio del municipio tras el cierre cautelar y precinto del restaurante Borreguiles al detectar la administración local deficiencias en el establecimiento.
El propio regidor ha informado esta misma mañana de que la empresa pública había registrado en el Consistorio diversa documentación y que, una vez que se revisara, si era correcta y suficiente para atender los requerimientos del Ayuntamiento, se procedería a levantar el cierre cautelar, como finalmente ha ocurrido.