UPyD lamenta que el Instituto del Taxi desaparezca “por la falta de apoyo” del PP

El grupo de UPyD en el Ayuntamiento de Granada ha anunciado que votará en el pleno de este viernes en contra de la desaparición del Consorcio por el que se creó el Instituto Metropolitano del Taxi, un organismo que surgió en 2007 pero en el que “las instituciones, y especialmente el PP, nunca creyeron”.

“Ahora, con su desaparición, los perjudicados serán los ciudadanos de Granada y de los 32 municipios que se integraban en ese consorcio, en el que además figuraban como miembros la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía”, ha señalado en un comunicado la portavoz del grupo municipal de UPyD, Mayte Olalla.

A su juicio, el consorcio nació en realidad “muerto” porque en ningún momento se les dio voz a los taxistas. “Se debió hacer un esfuerzo por compatibilizar los intereses de las instituciones y los de los ciudadanos, que ahora se ven perjudicados porque el taxi no deja de ser un servicio público, un derecho”, resalta.

La concejal ha incidido en que, aunque se pueden firmar acuerdos bilaterales entre Granada y municipios cercanos para garantizar el servicio, lo mejor sería la continuidad del consorcio.

Por su parte, José Juan Ramírez Calvín, colaborador del grupo municipal en asuntos de Movilidad y secretario de Política Local de UPyD en Granada, ha hecho hincapié en que los taxistas granadinos “no tuvieron nunca voz en ese consorcio”, a diferencia de lo que sucedió en Sevilla o Málaga, y considera que el consorcio, en realidad, “no ha funcionado nunca”, algo que “no es culpa de los taxistas, como dice el PP, sino de que las instituciones nunca lo quisieron”.

De hecho, Ramírez Calvín ha mencionado que en 2012 se creó en Andalucía un reglamento regulador de los servicios de transportes de viajeros en automóviles y turismos “al que debía haberse adaptado el consorcio, pero eso nunca sucedió. Se limitaron a hacer un borrador y nada más”. Eso es una prueba más, a su juicio, de que “los gestores del PP nunca tuvieron intención de darle su apoyo”.

Respecto a ese reglamento, Mayte Olalla ha apuntado que la misma normativa daba a los ayuntamientos un plazo de 15 meses para cumplirlo y Granada no lo ha hecho. “Estamos incumpliéndolo y ahora, al desaparecer el consorcio, el Ayuntamiento tendrá que hacer una nueva ordenanza para adaptarse al mismo”.