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Vuelven a aplazar el juicio con el exalcalde de Agrón por prevaricar
La Audiencia de Granada ha vuelto a aplazar sin nueva fecha y por la enfermedad de un letrado el juicio previsto para hoy contra el exalcalde de Agrón, Guillermo López, suspendido ya en octubre para unir una pieza separada, y por el que se enfrenta a tres años de cárcel por prevaricación.
La Sección Primera de la Audiencia de Granada ha aplazado el juicio contra Guillermo López (Independientes por Agrón) por la enfermedad de uno de los letrados de la causa, según han detallado a Efe fuentes judiciales.
El juicio, sin nueva fecha prevista, estaba inicialmente fijado para el mes de octubre del pasado año, fecha en la que se aplazó a petición de la Fiscalía y la defensa del exalcalde para sumar una pieza separada del juzgado de Instrucción 2 de Loja.
La Fiscalía ha solicitado para López una pena de tres años de cárcel y otros diez de inhabilitación para cargo público por un delito continuado de prevaricación urbanística por la concesión en diciembre de 2006 de dos licencias a una promotora.
Según el Ministerio Público, el acusado concedió la licencia para siete viviendas “sin contar con el preceptivo informe jurídico” y sin que la promotora presentara al Ayuntamiento ni el proyecto básico ni el de ejecución para las viviendas.
Tras la licencia, el 30 de enero del 2008 el Consistorio recibió un informe técnico de la Diputación de Granada que resaltaba que el proyecto no se ajustaba a la legalidad urbanística, por lo que pedían como medida cautelar la paralización de los trabajos que se estaban ejecutando hasta aplicar medidas correctoras.
El acusado acordó mediante decreto la paralización de los trabajos, aunque impuso al secretario del Ayuntamiento y a la auxiliar administrativa que no se notificase dicha decisión a los interesados para permitir así que se finalizase la construcción de los edificios.
Entre los reparos detectados en el proyecto, la promoción superaba la altura y la ocupación máximas permitidas en el municipio, además de incumplir las condiciones higiénicas y no ajustarse en su cubierta a la normativa local.
El Ministerio Público ha calificado los hechos como un delito continuado de prevaricación urbanística por el que ha solicitado tres años de prisión, diez años de inhabilitación para cargo público y el pago de una multa de 7.200 euros.
De manera alternativa, la Fiscalía ha considerado que el exalcalde cometió un delito de prevaricación urbanística y otro de prevaricación ordinaria, por los que ha pedido dos años de prisión y 16 de inhabilitación, junto a una multa de 6.120 euros.
