El PP pide una solución para el colegio de Alomartes

El Partido Popular ha exigido a la Junta de Andalucía que ejecute “inmediatamente” el colegio público de la pedanía de Íllora, Alomartes; “dando respuesta así a las más de 50 familias afectadas por esta situación”. Así lo ha reclamado la parlamentaria andaluza y vicesecretaria general del PP, Marifrán Carazo, que junto a la portavoz del PP en el ayuntamiento de ilurquense, Rosa Fuentes, ha participado en una manifestación organizada por el AMPA del colegio que ha contado con el respaldo de alrededor de medio centenar de padres y familiares de los alumnos.

Marifrán Carazo ha recordado que desde que en 2011 se cerrara el colegio público Nuestra Señora de los Dolores de Alomartes por su estado de deterioro, la enseñanza en la citada pedanía se imparte en un colegio que está compuesto en su totalidad por 6 aulas prefabricadas y la construcción del nuevo colegio está comprometida desde 2010.

“En Granada hay muchos centros escolares que representan el ‘chabolismo educativo’ con numerosas aulas prefabricadas que año tras año aumentan en lugar de reducirse”, ha aseverado la vicesecretaria general, quien al mismo tiempo ha apuntado que “en la actualidad en Granada hay 58 módulos de aulas prefabricadas repartidas entre 26 centros educativos”.

En ese sentido, Carazo se ha referido a las declaraciones que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, realizó ayer y en las que se comprometía a reducir un 30% de las aulas prefabricadas en la próxima legislatura. “Una vez más esto es puro electoralismo: lo que debe responder Susana Díaz no es cuántos barracones va a eliminar en la próxima legislatura, sino por qué no ha eliminado prácticamente ninguna en estos tres años”, ha apuntado Carazo.

Finalmente, la vicesecretaria general ha reseñado que el 40 por ciento del Plan Mejor Escuela, actual Plan Ola, no se ha ejecutado en la provincia de Granada y que además, el presupuesto de la Junta de 2015 para infraestructuras educativas “es la prórroga de la prórroga del Plan Ola que debería haber terminado en diciembre de 2013 y que un año después no se ha terminado en ninguna de las provincias de la comunidad autónoma”.

“Si la política y gestión de la Junta de Andalucía en materia educativa no se caracterizara por innumerables recortes, escasa inversión y no ejecución del presupuesto, las infraestructuras educativas granadinas no serían tan deficitarias ni precarias”, ha sentenciado.