La anciana desahuciada por sus hijos en Motril lleva a juicio el contrato de alquiler de su vivienda

Dolores Ruiz, la mujer de 73 años que fue desahuciada en abril del pasado año de su vivienda, ubicada en la calle Santiago de Motril (Granada), tras la denuncia de la sociedad de sus propios hijos por el impago del alquiler, ha llevado a juicio el contrato que le llevó a esa situación, que asegura que firmó “engañada” por sus familiares, creyendo que se trataba de una solicitud de pensión a la Seguridad Social.

Será este miércoles cuando se celebre la vista señalada, en un Juzgado de Motril, donde Dolores va a reclamar la nulidad del contrato de alquiler y que se revise la existencia de un contrato simulado en la escritura de compraventa de la casa que compraron sus hijos.

Su vivienda, que era la herencia de la familia, fue comprada por dos de sus hijos, a nombre de su empresa. La mujer, que está divorciada desde 1998 y no cobra prestación alguna, no cobró la parte que le correspondía, a cambio de tener el usufructo de la casa, para poder vivir allí.

Una vez acondicionada la casa y con Dolores viviendo ya en ella con normalidad, su hijo Fernando decidió arreglarle los papeles para que cobrase aunque fuera una pequeña pensión no contributiva. Dolores le firmó varios documentos para las gestiones que realizaría su hijo, que sin embargo no le contó, según la familia, que lo que suscribía era un contrato de alquiler entre la empresa y ella misma.

Según sus familiares, es el exmarido de Dolores el que está detrás de toda la operación pues fue obligado a pagarle una pensión por un juez, y alegó que le abonaba el alquiler mensual de la vivienda. A raíz de esto, apareció la demanda de desahucio realizada por la empresa de los otros dos hijos contra su madre “utilizando de nuevo el mismo contrato reclamando unas cantidades mensuales de alquiler”, “aunque el que utiliza este contrato y monta este procedimiento de desahucio es en realidad el exmarido, y sus hijos lo consienten”.

Por ello, se inició un movimiento de apoyo ciudadano a Dolores, y se reunieron más de 8.200 firmas para evitar su desahucio, pero una orden del Juzgado de Instrucción 3 de Motril ordenó el desalojo, que intentaron impedir sin éxito varias decenas de vecinos y del Grupo Stop Desahucios del 15M. La mujer tuvo que abandonar su casa el 25 de abril del pasado año a las 8,00 horas.