Stop Desahucios pide a Diputación que pare los desalojos de La Zubia

Stop Desahucios ha vuelto a salir a la calle hoy en Granada para pedir a la Diputación que paralice los juicios contra ocho familias de La Zubia que podrían perder su vivienda pública de Visogsa por imposibilidad de pago.

Sandra Morales asegura que del compromiso de acuerdo se ha pasado a la amenaza del juicio por lo que pide una solución social.

Stop Desahucios se ha trasladado con posterioridad a una oficina de Bankia para pedir una solución para una familia de Granada amenazada por el banco por un auténtico desahucio exprés.

El vicepresidente segundo de la Diputación de Granada, José Robles, ha negado que la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo (Visogsa) esté promoviendo estos desahucios de familias que no pueden hacer frente al pago de sus viviendas en la localidad de La Zubia (Granada).

Tras las protestas organizadas por activistas de Stop Desahucios ante las puertas del Servicio Provincial Tributario, José Robles ha explicado que “Visogsa es sensible con la situación que tienen estas familias y estamos estudiando sus casos dentro siempre de la legalidad”.

En este sentido, el también consejero delegado de Visogsa ha explicado que si se ha recurrido a ejecutar lanzamientos ha sido en situaciones de “ilegalidad manifiesta” por casos como ocupación de viviendas, uso de las mismas para actividades ilícitas o protestas por escrito de otros vecinos ante alteraciones de la convivencia.

Salvando estos extremos, la Diputación de Granada trabaja con las familias siguiendo un procedimiento basado en firmar adendas a los contratos con las personas a las que se adjudicó en su día las viviendas de alquiler con derecho a compra con el objetivo de que solo tengan que abonar la parte de la renta mensual, que en su integridad suele estar entre 300 y 400 euros, a la que puedan hacer frente dependiendo de su situación económica actual.

En el momento en que dicha situación cambiara y pudiera hacer frente al abono íntegro de la renta, Visogsa volvería a negociar con el beneficiario de la vivienda para el pago de lo que se adeuda.

Para que pudieran pagar por ley el 20 por ciento de los ingresos familiares en vez de la renta que corresponde, habría de cambiarse la calificación de estas viviendas, que son de protección oficial en régimen general para alquiler con derecho a compra, para que pasaran a ser consideradas como de renta básica conforme a lo estipulado a los planes de vivienda correspondientes. Esta competencia no corresponde a la Diputación Provincial sino a la Junta de Andalucía.

En caso de que ese cambio de calificación se produjera, las familias que actualmente son beneficiarias de las mismas no podrían continuar viviendo en ellas automáticamente sino que, para que se garantizara el principio de igualdad de oportunidades, tendrían que volver a optar a las mismas en las mismas condiciones que otras familias que hubieran solicitado una vivienda protegida a través del registro de demandantes.

“No nos podemos saltar la ley, es el principio básico por el que ha de regirse un gobernante, pero eso no quita para que estemos en permanente contacto con estas familias y trabajando desde la Diputación junto con el Ayuntamiento de La Zubia para darles las respuestas más satisfactorias según sus necesidades”, ha explicado José Robles que ha recordado que “si alguien en los últimos años ha hecho vivienda pública para quienes más lo necesitan exclusivamente ha sido la Diputación Provincial de Granada”.

Igualmente, el consejero delegado ha recordado que Visogsa paga las correspondientes hipotecas sobre sus distintas promociones o, de lo contrario, sus administradores habrían de responder ante la ley y “esa es una situación a la que no podemos llegar como tampoco a la quiebra o la inviabilidad de la empresa pública”.